De lo que se trata es
de poner en evidencia que la II República no fue un venturoso y pacífico estado
de derecho, gobernado por una Izquierda plural, progresista y democrática,
contra la que se alzó en armas la Reacción, para imponer su dictadura.
Síntesis de la
verdadera “Causa General”, ordenada por Decreto de 26 de abril de 1940, que se
siguió para depurar las responsabilidades delictivas que se hubieren cometido
en el transcurso de la guerra civil española: inmenso documento que se
encuentra en la actualidad en el Archivo Histórico Nacional, en donde –previos
los oportunos permisos- puede ser consultado por los investigadores.
Del interés y
veracidad de la “Causa General” han dado fe personas tan poco sospechosas de
franquismo como Javier Tusell, («…es decisiva…muy interesante para estudiar la
sublevación, los comienzos de la guerra civil y la vida en la zona republicana
durante la contienda»: El País, Cultura, 25 de septiembre de 1980) y Pedro Laín
(“los horrores reseñados en la “Causa General” son ciertos...”: artículo en El
País, en 1981, referente al foro en que participó bajo el lema “¿Es posible la
convivencia en España?”).
Desde el punto de
vista estrictamente penal, las responsabilidades por los hechos que dieron
lugar a las actuaciones judiciales de que se trata, están ampliamente
prescritas, y así se dejó sentado, mucho antes de la llamada transición
democrática, en el Decreto-Ley de 31 de marzo de 1969, que felizmente, en
nuestros pagos, no se estila la imprescriptibilidad de los crímenes contra la
Humanidad.
Por grandeza de alma
en muchos casos, por conveniencia en otros, a nadie le interesaba remover
tumbas ni agitar recuerdos. Incluso algunos de los protagonistas, como Santiago
Carrillo y Dolores Ibarruri, conscientes de que poco tenían que ganar y mucho
que perder, alzaron bandera de “reconciliación nacional” y se sumaron a la
alianza del silencio.
Pero ahora, al cabo
de veinticinco años, atenuada la memoria histórica por el puro paso del tiempo
y por la muerte de muchos de los testigos, se ha emprendido desde el PSOE una
pasmosa damnatio memoriae, al estilo de los faraones que borraban el rastro de
quienes les precedieron, queriendo reescribir la historia, divulgando y
enfatizando las responsabilidades del bando nacional y relegando al olvido las
del propio.
Por ello creemos
necesario publicar estas letras, sin otro propósito que contribuir a
reequilibrar la historia, servir a la reconciliación, a la comprensión... y a
la verdad.
CAUSA GENERAL
LA DOMINACIÓN ROJA EN
ESPAÑA
AVANCE DE LA INFORMACIÓN
INSTRUIDA POR EL MINISTERIO PUBLICO
SEGUNDA EDICIÓN
REVISADA MINISTERIO DE JUSTICIA
PRÓLOGO
La Historia cuyos
testimonios se sirven en las páginas que siguen no es tan remota que haya
disipado su siniestro fulgor. En realidad, los españoles mayores de edad hemos
vivido en el escaso trienio que duró nuestra contienda el fragmento más
punzante y angustiado de nuestra vida colectiva. Apenas han transcurrido cuatro
años desde aquella gloriosa sencillez del parte de guerra postrero, por el que
el Caudillo anunciaba con espartano acento el fin de la tragedia española, y
tan breve lapso de tiempo ha sido suficiente para que la vehemencia, indignada,
expresase su agravio y fulminase su honda condenación. Los arrebatos
irrefrenables han vertido todo su depósito de irritaciones justísimas, y, una
vez aligerado de ese peso, el español ha vuelto a su andadura normal, tendiendo
la mano a aquellos de sus adversarios que lo fueron por ignorancia o engaño,
recorriendo junto a ellos, en casi todos los casos, el espinoso azar de la hora
presente, recuperándoles para el trabajo noble y desinteresado del
engrandecimiento patrio. Es la consecuencia del proceso espiritual cristiano
que caracteriza cumplida y noblemente al pueblo español, capaz de vociferar su
pasión, que está impaciente por airear, pero que, una vez comunicada, extingue
su encono epidérmico, desvanecido en aras de una generosidad que nadie osaría
en el mundo discutirnos. Quien no sabe que en plena guerra se excarcelaron
millares de condenados; quien olvida que el ritmo de libertades condicionales
ha seguido después de la paz en progresión creciente, hasta dejar sólo en las
cárceles delincuentes de derecho común sobre los que pesan gravísimos delitos,
no podrá nunca medir la grandeza de alma de quien rige los destinos de España
por voluntad de Dios y heroico tino de su espíritu, siempre desvelado y tenso
al servicio de la Patria.
Pues bien; ahora,
cuando las voces de iniciativa propia se han adormecido tras la ronquera de los
momentos primeros; ahora, cuando el generoso corazón de nuestro Caudillo ha
dado las más prudentes muestras de su magnanimidad, haciéndolas compatibles con
el irrenunciable espíritu de justicia que hubiera sido cobardía desconocer;
ahora, en el momento en que el Estado nuevo colma los anhelos de equidad y
supera las dificultades tremendas de una etapa tormentosa, lanza a la
publicidad su pieza fiscal en relación con nuestra guerra fratricida y la
ominosa época que la precedió. Ante la conciencia nacional, aletargada por el
bienestar de una paz milagrosa, que sólo debe a Dios y al Caudillo, sitúa de
nuevo la visión apocalíptica de tantos héroes condenados al suplicio cruento, y
de las masas enfebrecidas por la ola de crimen y de sangre que abrió el
marxismo y sus aliados. No queremos destacar un solo nombre de los que cayeron,
ni siquiera el de aquél que con más claridad que nadie avizoró el amanecer de
la España triunfante. Anhelamos que sobre todos los mártires benditos de la
Cruzada campee el mismo profundo rezo del alma española, encendida en el más
puro fervor religioso y patriótico.
Nadie que lea
claramente en la verdad desnuda que con este libro entrega a la opinión mundial
al Nuevo Estado podrá atribuir su publicación a otro móvil que el que la
inspira. Ni se trata de remover llagas que tienden a cicatrizar, ni de mantener
constante una hoguera en la que se calcinen los mejores sentimientos de los
españoles. Se está en el deber, en cambio, por parte de un Estado fortalecido
sucesivamente por el dolor, por la victoria y por la sabia dirección de su
insustituible Jefe, de señalar documentalmente la verdadera ocurrencia de los
hechos que cubrieron de luto y de oprobio a nuestra Patria. Nos acucia la
obligación de dejar sentada la culpabilidad de quienes produjeron o facilitaron
la criminalidad-ambiente que se enseñoreó de España. Y esta labor que nos
incumbe no se verifica más que por razones de estricta necesidad, que nos
empujan a mostrar al Mundo una justificación, no de nuestra política, no de
nuestra gestión gobernadora, sino de esa conciencia sana y universal que, sin
leer los alegatos y pruebas que publicamos a continuación, ya nos concedió
desde el primer día el aliento de su opinión y la repulsa de cuanto nos era
adverso. Vamos, pues, a dar razones para que esa opinión sana de allende las fronteras
siga dispensándonos una adhesión que no nos ha negado nunca.
Publicamos también
este libro con un propósito bien definido de convite a la meditación. Nos
podemos permitir desde la cima de la política menos rencorosa en que nos
hallamos hacer un llamamiento a todos los españoles. El de que lean todo lo
incontrovertible que contienen estas páginas y cedan a la reflexión las horas
más hondas de su sinceridad. Quienes verdaderamente se estimen ciudadanos de
España, y cuantos en el Mundo nos quieren, no podrán menos de sentirse
abochornados ante esta evocación de la barbarie que hubimos de padecer.
Pensemos todos y cada uno en la parte que nos está asignada, la tarea
indispensable que nos incumbe para evitar la repetición de aquellas infamias, y
España se habrá salvado de esa posibilidad, si es que algún día vuelve a
acecharla por las esquinas de la ocasión.
En todo caso, creemos
que los más avergonzados habrían de ser quienes por complacencia, por
frivolidad o pereza consintieron la instalación del oprobio en los centros
vitales de nuestra existencia como Nación. Los que han sentido la
responsabilidad de su acción pasiva o de su blandura sólo pueden borrar esta
grave falta convirtiéndose en los mejores defensores de la estabilidad
nacional, que el Caudillo logró arrancar del caos para consagrarla como uno de
los más firmes puntales del Mundo de mañana.
El Gobierno, bajo la
inspiración de su generosísimo Jefe, y siguiendo sus preclaras consignas, ha
hecho todo cuanto el más liberal criterio pudiera aconsejar para atraer a los
descarriados no criminales, recuperándoles con amplio gesto comprensivo, para
la Nueva España. Ellos han de ser la barrera inexpugnable que nos ponga a
cubierto de cualquier acusación de crueldad, que no existió jamás en el campo
nacional, ni incluso en medio del terrible fragor de la contienda. El Caudillo
cristianísimo que nos gobierna sabe que únicamente el amor y la clemencia
pueden fortalecer a los Gobiernos. La crueldad es cobardía, y nuestra guerra
liberadora se ganó por el valor y el heroísmo, virtudes que sólo pueden
convivir con la grandeza de corazón.
Reflexionen ante
estas páginas quienes se entregan a la vida fácil y al parloteo anecdótico y
banal, y también aquellos que tienen encomendada una función de
responsabilidad, cualquiera que sea su rango en el vasto organismo rector del
país. Sepan estos últimos que del vigor sereno con que apliquen su criterio,
del uso discreto que hagan de su función, se forja día a día toda la Historia
de nuestro pueblo. Urge, pues, que fortifique cada uno su conciencia,
disponiéndose a bregar en el noble y recto designio del servicio de Dios y de
España.
Los documentos que
publicamos a continuación son un anticipo de la Causa General informativa que
el Ministerio Público ha cuidado celosamente de instruir con espíritu ecuánime
de que resplandezca una verdad dolorosa, nunca adulterada por pasiones bajas ni
exageraciones inaceptables. En la escueta serenidad con que se han redactado
estas páginas fieles, tenemos todos los españoles el recuerdo de un peligro
pasado y la norma que ha de guiarnos en lo sucesivo, en evitación de un retorno
de la iniquidad.
Que Dios guarde al
Caudillo en la providencial misión que le tiene encomendada y nos depare el
seguro tino con que hemos de conducirnos para que a ninguno de nosotros nos
caiga de la mente el nombre y concepto de España, en cuyo honor todos sabremos
ser mejores.
Diciembre, 1943.
EDUARDO AUNÓS.
Ministro de Justicia
NOTA EXPLICATIVA
La Causa General,
creada por Decreto de 26 de abril de 1940, ratificado por el de 19 de junio de
1943, atribuye al Ministerio Fiscal, subordinado al Ministerio de Justicia, la
honrosa y delicada misión de fijar, mediante un proceso informativo fiel y
veraz para conocimiento de los Poderes públicos y en interés de la Historia, el
sentido, alcance y manifestaciones más destacadas de la actividad criminal de
las fuerzas subversivas que en 1936 atentaron abiertamente contra la existencia
y los valores esenciales de la Patria, salvada en último extremo, y
providencialmente, por el Movimiento Liberador.
En el cumplimiento de
su misión, la Causa General que reviste carácter exclusivamente informativo
ejerce sus funciones investigadoras en aquella parte del territorio español que
estuvo sometido a la dominación roja.
La presente relación,
que refleja, con carácter demostrativo y circunscrito, algunos de los
resultados obtenidos, permite anticipar conclusiones evidentes:
La contienda civil
desarrollada en España desde el año 1936 hasta 1939, puso al descubierto toda
la capacidad criminal de un Régimen político que afirmaba defender la libertad
y proclamaba el respeto a los derechos inherentes a la personalidad humana.
El Frente Popular,
desde que asumió el Poder, a raíz de las elecciones de febrero de 1936
—falseadas en su segunda vuelta por el propio Gobierno de Azaña, asaltante del
mando político—, practicó una verdadera tiranía, tras la máscara de la
legalidad, e hizo totalmente imposible, con su campaña de disolución nacional y
con los desmanes que cometía o toleraba, la convivencia pacifica entre los
españoles. El Alzamiento Nacional resultaba inevitable, y surgió como razón
suprema de un pueblo en riesgo de aniquilamiento, anticipándose a la dictadura
comunista que amenazaba de manera inminente. Al producirse, el 18 de julio de
1936, este legítimo movimiento de defensa, acaudillado por el general Franco,
el Gobierno rojo llevó su crueldad a extremos difícilmente imaginables,
valiéndose de sus propios agentes oficiales —improvisados por aquel Gobierno
ante la pasividad y repulsa casi unánime de las instituciones de Orden Público
existentes—, y dando rienda suelta a los bajos instintos de las turbas, armadas
por el propio Gobierno, y de numerosos delincuentes comunes, dotados igualmente
de armas y de autoridad, extiende el terror por toda España sometida al
marxismo. Durante mucho tiempo se suceden los asesinatos en masa, acompañados
frecuentemente de ensañamiento, y casi siempre de robo. La Religión es
perseguida a muerte, y la propiedad es socializada o simplemente expoliada. Los
militares —aunque no hayan participado en el Alzamiento— son asesinados, por el
único motivo de su profesión. La vida de toda persona residente en la zona
marxista se encuentra a merced del capricho de las checas o de cualquier
miliciano, sin que la víctima pueda salvar su vida invocando unos antecedentes
políticos liberales, siendo la clase media la que aporta mayor tributo de
sangre. El Partido Comunista, inspirado desde el extranjero, es el verdadero
árbitro de la política del Frente Popular.
Este cuadro expresivo
del comportamiento del Régimen vencido constituye una verdad histórica
indiscutible. Pero, por si no bastase la notoriedad de tales hechos, la
investigación realizada por los Magistrados del Ministerio Público,
instructores de la Causa General, demuestra la criminalidad del Frente Popular,
ante el Mundo y ante la Historia, con las máximas garantías de seriedad y
certeza.
No se insiste en el
actual momento sobre casos ya expuestos y argumentos aducidos a su debido
tiempo sobre la ilegitimidad, tanto en la obtención del Poder como en el
abusivo ejercicio del mismo por el Frente Popular. La actual relación se dirige
fundamentalmente a poner de relieve la criminalidad del referido conglomerado
político durante la contienda civil española. Y representa un avance
informativo, que se contrae únicamente a determinados aspectos y episodios
representativos de especial interés, dedicando una preferente atención a
Madrid, que, como capitalidad de un Gobierno que pretendía ser legítimo y como
sede del movimiento socialdemócrata, que solía blasonar de sensatez y
moderación, habría hecho presumir en sus Autoridades y elementos políticos
responsables una conducta más conforme al derecho de gentes.
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