lunes, 29 de diciembre de 2008

Manifiesto de Madrid.

Difundido el 4 de agosto de 2004, ante el posible «cierre en falso» de la investigación político parlamentaria sobre el 11-M
El día 11 de marzo de 2004, 191 personas fueron asesinadas en Madrid, en el mayor acto terrorista cometido en Europa. En las jornadas negras que siguieron al 11-M, todos pudimos ver cómo desde un cierto sector de la política española se exigía al gobierno legítimo de España que respondiera con carácter inmediato a la pregunta que a todos nos asaltaba: «¿Quién ha sido?»
Han transcurrido cinco meses desde la masacre y aquéllos que reclamaban al gobierno transparencia y celeridad impiden hoy que la Comisión constituida por el Congreso profundice en la investigación de la autoría material e intelectual de ese atentado. En las escasas semanas que la Comisión de investigación ha durado, se ha pretendido centrar el debate en la determinación de si el gobierno informó con 60 o con 90 minutos de retraso sobre los hallazgos de la policía.
Con todos los respetos para los comisionados, eso no nos importa. Lo que el pueblo español quiere saber es quién depositó las mochilas en los trenes, quién ayudó en la preparación de esas mochilas, quién suministró los explosivos empleados, quién eligió la fecha del atentado, quién diseño la secuencia de acontecimientos acaecidos entre el 11 y el 14 de marzo. Queremos saber, sobre todo, quién dio la orden de cometer esa masacre.
En lugar de contribuir a esclarecer estos aspectos, se pretende ahora dar por cerrada la Comisión de investigación, teniendo previsto sus miembros decidir el 7 de septiembre si redactan sus conclusiones finales. ¿De qué conclusiones hablan? ¿Acaso saben ya la respuesta a todas esas dudas?
Queremos saber si es cierto, como indican los autos judiciales, que algunos de los implicados estaban siendo grabados semanas antes de que los atentados se produjeran. Queremos saber qué dicen esas grabaciones. Queremos saber si es verdad, como indican las informaciones periodísticas, que el transporte de los explosivos fue decidido en una reunión en la que 4 de los 7 asistentes eran confidentes policiales. Queremos saber de qué hablaron esos confidentes con sus controladores en las llamadas telefónicas producidas los días 1, 2, 4, 9 y 10 de marzo, entre la fecha en que se produjo el transporte de los explosivos (29 de febrero) y la fecha del atentado. Queremos saber cómo es posible que centenares de kilos de dinamita fueran sustraídos por esos confidentes de una explotación minera sin que nadie impidiera ese tráfico.
Un cierre en falso de la Comisión constituiría una cruel burla hacia las víctimas de los atentados del 11-M. Se equivocarían el partido actualmente en el gobierno y sus socios parlamentarios si creen que la sociedad española va a dejar que se cubra este atentado con el manto del olvido. Ni el Congreso ni el Gobierno de España pueden permitirse que queden sin dilucidar los numerosos puntos oscuros que rodean la preparación de la masacre. Queremos saber por qué los autos judiciales afirman que los teléfonos móviles usados en los atentados fueron adquiridos por personas supuestamente búlgaras. Queremos saber si es coincidencia que dos caravanas de la muerte (una de ETA y otra de supuestos terroristas islámicos) se dirigieran simultáneamente a Madrid el mismo fin de semana del 28 de febrero. Queremos saber cómo es posible que delincuentes comunes cometan el mayor atentado de la historia de Europa ante las mismas narices de nuestras fuerzas de seguridad. Queremos saber si alguien avisó de ese atentado y en qué términos lo hizo. Queremos saber qué hicieron las fuerzas de seguridad cuando tuvieron conocimiento en febrero de 2003 de la existencia de una red de tráfico de explosivos. Queremos saber, exactamente, quién sabía qué antes de producirse el 11-M.
Son muchos los españoles a quienes en aquellas fechas se les llamó asesinos. Y aquellos que les insultaban miran hoy para otro lado y tratan de pasar cuanto antes esa página negra de la Historia. No vamos a permitirlo. Porque tanto aquellos sobre quienes tan miserablemente se volcó la responsabilidad de esa masacre, como el resto de españoles de buena voluntad, no tenemos derecho a llorar a nuestros muertos hasta que los verdaderos asesinos paguen por lo que han hecho.
Creemos que ha llegado el momento de hacer oír nuestra voz. Hoy somos nosotros los que preguntamos, ¿QUIÉN HA SIDO?
Ayúdanos a esclarecer lo que pasó circulando este manifiesto y enviando una copia a los medios de comunicación, foros, partidos políticos y asociaciones que consideres oportunos.
¡Pásalo!
Esto es una iniciativa ciudadana promovida por particulares de diferentes ideologías, que están preocupadas por los gravísimos rumores que están circulando en la calle. Pedimos a todos los que quieran conocer la verdad, sin importar las ideologías políticas, que se movilicen. Apoyan: No Olvidamos / Absurda revolución / gruporisa.com

© 2004 www.nodulo.org (El Catoblepas • sumario del número 30 • agosto 2004)

Manifiesto de Gran Vía

Sobre supuestas manipulaciones favorables al PSOE realizadas en España por la cadena SER tras la masacre del 11M para influir en la opinión pública que debía votar en las elecciones generales del 14M

«Manifiesto de Gran Vía»
Periodistas de la SER
1º. El jueves, 11-M, cuando el número oficial de muertos por el atentado aún no llegaba a los 45, el director de informativos de la SER, Daniel Anido, instó a dos redactores a que «privilegiaran» la tesis de que la autoría del atentado era «confusa».
Cuando uno de ellos le replicó que parecía evidente que era ETA, porque el propio lendakari había salido a las nueve y media ante los medios a cargarle los muertos a la banda, Anido responde en los siguientes términos: «Si es ETA, el PP arrasa. Si es Al Qaeda, podemos ganar las elecciones. De modo que la autoría, desde ahora, es confusa.»
2º. Todas las «exclusivas» que ha difundido la SER han llegado «desde arriba» y con instrucciones precisas en cada momento de cómo y cuántas veces repetirlas, o, en palabras de Carlos Llamas, «machacar con el tema hasta que machaquemos al PP». La redacción de la cadena SER no ha tenido parte alguna en la consecución de las famosas «exclusivas».
El brillante equipo de investigación era sólo uno, Antonio García Ferreras, permanentemente comunicado telefónicamente con dos personas: el ex secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, y el dirigente del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba. Según se comentaba en la redacción, Vera pasaba información, Rubalcaba la transformaba en munición contra el gobierno y Ferreras pasaba recado a Daniel Anido.
3º. La historia del «terrorista suicida» nunca tuvo el menor fundamento. Muchos redactores de la SER conocíamos su procedencia y su intención: decantar definitivamente la balanza de la autoría hacia Al Qaeda y sembrar la duda sobre toda la información oficial que procedía del gobierno.
Un periodista de la SER se quejó a Daniel Anido de que se divulgara una información cuya fuente nadie conocía (salvo Antonio García Ferreras) y que carecía del mínimo contraste. La respuesta de Anido fue: «Hay que apretar porque se nos acaba el tiempo (en referencia a las elecciones del domingo), así que los deontólogos y los acojonados ya os podéis ir a casa.» Cuando el periodista sugirió hacer alguna llamada a sus propias fuentes para contrastar la noticia, Anido le mandó, textualmente, a «tomar por culo».
4º. Una vez que la SER empezó a difundir la «noticia» del terrorista suicida, el Instituto Anatómico Forense llamó a la redacción para pedir, primero, y exigir, después, que dejáramos de decir falsedades. Se le garantizó a la persona que llamaba que la información era correcta, a lo que ésta replicó que era un «completo embuste» y pidió que le dieran el nombre de un solo forense que acreditara la información.
La respuesta de la dirección de Informativos de la SER fue preguntarle a qué venía tanto empeño en defender al gobierno, para colgarle el teléfono a renglón seguido.
5º. El malestar del equipo de investigación de la redacción de la SER aumentó aún más cuando se decidió «informar» el sábado de que el CNI había sostenido desde el principio la autoría de Al Qaeda.
Por dos fuentes distintas, un redactor de la SER había confirmado que el CNI, como la policía, se había movido durante la mañana del jueves en la convicción de que era ETA, y sólo al aparecer la cinta con los versos del Corán empezó a corregirse el tiro. Aún el viernes por la mañana, la impresión de las fuentes de la SER en el CNI apuntaban prioritariamente a ETA.
Pese a saber todo esto, el director de Informativos, Daniel Anido, ordena que se vaya «a saco con lo del CNI», porque sólo queda un día y hay que «joder del todo a Rajoy», afirmación que hace imprudentemente en presencia de un técnico de sonido que se atreve a murmurar «viva el periodismo independiente», a lo que Anido responde que, en este caso, «el fin sí justifica los medios».
6º. Cuando empezamos a difundir la «noticia» de que el CNI sabía desde el principio que era Al Qaeda, el propio director del Centro, Jorge Dezcallar, se pone en contacto con Antonio García Ferreras para pedirle explicaciones. La conversación fue, al parecer, bastante tensa.
Dezcallar exige una rectificación y Ferreras le advierte de que «no intente montar un numerito contra la SER» porque entonces «te vamos a machacar en antena». Dezcallar opta por hacer un desmentido a la SER en declaraciones a la Agencia Efe, pese a lo cual la SER sigue sosteniendo a sabiendas la falsa información sobre el CNI y sus iniciales sospechas.
7º. Ya en la mañana del sábado, Daniel Anido comenta que, por la tarde, «le van a pitar los oídos al cabrón de Aznar». Añade que «se va a montar una buena en Génova». A media tarde, cuando comienza la concentración ante la sede del PP, Anido da la consigna de que se hable siempre de «concentraciones espontáneas» y que se vaya reforzando la cobertura del acto a medida que avance la tarde, para justificar que se levante Carrusel Deportivo y se emita un especial informativo que, en realidad, empezó a prepararse por la mañana, cuando se fue avisando a los tertulianos más beligerantes de Hora 25 para que estuvieran en Gran Vía 32 a las nueve y media.
«Toda la artillería», en palabras de Anido y Ferreras. «Hay que sacar a la calle a media España para ponerle la soga a la estatua de Aznar y derribarla» (en referencia a la imagen del derribo de la estatua de Sadam Husein en Bagdad). Mientras Anido veía las imágenes de CNN+ desde Génova, con los antidisturbios desplegados, llegó a decir: «Si tenemos la suerte de que éstos intenten disolver la manifestación cargando, ¡ganamos la guerra!» El resto, es bien conocido.
Posdata. La credibilidad de quienes trabajamos en la SER ya sufrió bastante cuando «nombramos» sucesor a Angel Acebes. Pero ahora la han terminado de rematar. No existen las fuentes. Sólo existe la intoxicación desde arriba. Funcionamos a base de consigna diaria y «el que se mueva, no sale en la foto».
Algunos redactores estamos hartos de nuestros «Urdacis» particulares, dos talibanes obsesionados por derribar gobiernos que se llaman Ferreras y Anido. No nos gusta que nos utilicen para sus guerras políticas, ni que ataquen a otros medios de comunicación y a otras cadenas de radio a las que Los redactores de base debemos muchos favores. Pero, claro, ni la prensa ni la televisión hablarán nunca de lo que está pasando aquí. Ni Almodóvar, claro. Como dijo el técnico, «viva el periodismo independiente».

© 2004 http://www.nodulo.org/

Separata de la revista El Catoblepas (ISSN 1579-3974), publicada por Nódulo Materialista (www.nodulo.org).
El Catoblepasnúmero 26 • abril 2004 • página 11
El «Manifiesto de Gran Vía» es un texto difundido el 23 de marzo de 2004 que se atribuye a periodistas y trabajadores anónimos de la Cadena SER, la emisora de radio con más implantación y audiencia de España (la SER, Sociedad Española de Radiodifusión, se constituyó en 1940, recién terminada la guerra civil española, controlada por las familias Fontán y Garrigues; propietaria de Radio Madrid –antigua Unión Radio, fundada en 1924, de la familia Urgoiti–, pasó en 1986 a estar controlada por Jesús Polanco). Jesús Polanco Gutiérrez (Madrid 1929) inició sus negocios en 1958 al fundar la Editorial Santillana, y gracias a sus inmejorables relaciones con Ricardo Díez Hochleitner (Bilbao 1928), alto cargo entonces del Ministerio de Educación y miembro de la organización católica Opus Dei (es presidente honorario del Club de Roma y dirige desde 1981 la Fundación Santillana, de la que es vicepresidente y cuyo Patronato preside por supuesto Jesús Polanco), consolidó su presencia en el sector del libro de texto escolar al implantarse en la España del tardofranquismo la EGB, Educación General Básica. En 1972, tres años antes de fallecer el general Franco, se comenzó la gestación del diario El País y Polanco constituyó Promotora de Informaciones SA (PRISA) como sociedad que había de editarlo. Siempre cercano tras la transición a la socialdemocracia representada por el PSOE de Felipe González, Polanco se hace llamar ahora «Jesús de Polanco» y sigue controlando el Grupo Prisa, que cotiza en Bolsa desde 2000 y opera en 22 países de Europa y América, publica en España diarios como El País, As, Cinco Días, El Correo de Andalucía, Diario Jaén, Odiel Información o El Correo de Málaga, revistas como Cinemanía, Dominical, Rolling Stone o Gentleman, controla en España 423 emisoras de radio (140 propiedad de la Cadena SER, 81 de Antena 3 Radio y 202 independientes pero ligadas por convenio: Cadena Ser, 40 Principales, Cadena Dial, M80 Radio, Máxima FM, Radiolé), casi cien cadenas de televisiones locales españolas bajo la marca Localia, la televisión de pago en España a través de Sogecable (Digital+, Canal+, CNN+, Documanía, &c.), el grupo editorial Santillana (Aguilar, Alfaguara, Altea, El País-Aguilar, Santillana Educación, Taurus...), &c. El Consejero delegado del Grupo Prisa, y actualmente su principal ideólogo, es Juan Luis Cebrián (Madrid 1944), hijo de Vicente Cebrián –alto cargo de Prensa del Movimiento durante el franquismo– quien en 1963, sin haber cumplido aún los veinte años, ya fue miembro fundador de la revista Cuadernos para el Diálogo, organizada por el demócrata cristiano Joaquín Ruiz Giménez... trabajó con Emilio Romero en Pueblo, el periódico de los «sindicatos verticales»... y, pocos meses después de la muerte de Franco, fue designado director de El País, el periódico que, surgido de las entrañas del franquismo más «avanzado», había de señalar los pasos de una «transición democrática» ordenada y prudente, cargo que ocupó desde su aparición en 1976 hasta 1988, en que pasó a desempeñar puestos de mayor responsabilidad en el imperio mediático e ideológico capitaneado por la familia Polanco.

viernes, 26 de diciembre de 2008

LA VANGUARDIA de Barcelona. 15 de abril de 1931

La República se proclama en Barcelona

En las Ramblas
La noticia de los sucesos ocurridos en el Ayuntamiento y plaza de San Jaime, corrió con celeridad eléctrica y tuvo inmediata repercusión en las Ramblas. De todas partes surgían grupos con banderas de los colores republicanos y otras de los colores catalanes -éstas en menor número- y se improvisaban grupos y manifestaciones que corrían de un lado para otro dando vivas a la República. El paso de las banderas era saludado con frenéticas ovaciones y vivas entusiastas. Las manifestaciones iban en direcciones diversas y en muchos lugares de las Ramblas se cruzaban, saludándose los individuos de uno y otro grupo con aplausos.
Muchos balcones de las Ramblas y algunos de la plaza de Cataluña se engalanaron con banderas republicanas y colgaduras de estos colores. Había también algunas de los colores catalanes.
El diario El Matí, que tiene su redacción en la rambla de Canaletas, colocó en sus balcones una bandera catalana, y el semanario La Rambla, otras dos con los colores catalanes y republicanos.
La afluencia de gente en las Ramblas era a las cinco de la tarde extraordinaria, enorme, como jamás se ha visto, y el entusiasmo de que se hallaba poseída la gran masa humana, delirante.
La gente joven, entre ella algunas señoritas, tomó por asalto los tranvías, cuyos imperiales se atestaron, y desde ellos tremolaban banderas republicanas y cantaban «La Marsellesa».
Una gran cantidad de automóviles fueron ocupados por entusiastas republicanos y materialmente cubiertos de banderas republicanas y colgaduras de los colores catalanes. El paso de estos coches, que llegaron a sumar centenares, era acogido con ovaciones.
Muchos camiones de carga llevaban también las banderas triunfantes.
Como siempre, el instinto comercial de la gente quiso aprovecharse del gran momento pasional y salieron por las Ramblas a centenares los vendedores de lacitos de los colores republicanos, de retratos de los hombres de la República, de banderolas republicanas, etc.
A la hora de la salida de los despachos y comercios fue formidable la multitud que llenaba las Ramblas, la calle de Fernando y la plaza de San Jaime. Multitud ingente, encendida de fervor entusiasta en su mayoría y contagiada del entusiasmo ajeno los restantes.
A esa hora bajó una manifestación muy considerable que llevaba al frente una bandera y un gran cartel que decía: «Alumnos de la Escuela de Trabajo». En la misma formaban, como es de suponer, gran número de muchachos jóvenes y bastantes señoritas. Su paso provocaba simpatía y entusiasmo y era ovacionado.
Por la noche, hasta cerca de las diez, no cesó la animación y el público, que después se reanudó a las diez y media y continuó hasta la madrugada.


Un telegrama al señor Alcalá Zamora
El nuevo alcalde, señor Companys, apenas se posesionó provisionalmente de la alcaldía, dirigió al señor Alcalá Zamora el siguiente telegrama:
«Esta mañana, a los doce, acompañado de los concejales electos, he requerido al alcalde accidental, señor Martínez Domingo, la entrega de la vara de alcalde y del cargo, lo que ha hecho haciendo constar su protesta.- Le saludo: Companys.»

En la Diputación
Mientras en el Ayuntamiento tenían efecto los hechos relatados, un numeroso grupo penetró en la Diputación y en el balcón principal fue izada la bandera republicana, en medio de grandes aplausos y cantando el público la Marsellesa.
Después colocaron un cartel en los balcones recayentes a la Plaza de San Jaime, en el que se leía: «El Rey Alfonso ha abdicado. Gobierno provisional. Viva la República.»
También fue colocada en medio de grandes aplausos, en el asta de lo alto del Palacio provincial, la bandera catalana, siendo también aplaudida.
Un grupo descolgó el retrato de una alta personalidad, destrozándolo y quemándolo.


El Gobierno de Cataluña
Terminada el acto en el Ayuntamiento, el señor Maciá, acompañado de los señores Gassol, Aiguadé y Casanovas, se dirigió al Palacio provincial, pasando verdaderos apuros para atravesar por el numeroso público allí estacionado.
En la Diputación sólo se hallaban el secretario particular del presidente y el jefe del ceremonial, señor Rubí.

El señor Maciá, acompañado del señor Gassol salió al balcón provincial y acallados los aplausos con que fue recibido, dijo:
«En nombre del pueblo he tomado posesión del Gobierno de Cataluña. Hoy el pueblo nos ha dado su voto para que gobernemos la ciudad, y yo, en nombre de Cataluña, me hago cargo de su gobierno y os digo que aquí nos quedamos dispuestos a defender sus libertades. Espero que el pueblo sabrá hacer lo mismo. De aquí no nos sacarán más que muertos. También os digo que nos hemos de hacer dignos de esta libertad.»
Después habló el señor Gassol, quien dijo que desde entonces Cataluña tenía dos banderas: la catalana y la republicana.
Seguidamente se reunieron en el despacho de la Comisión de Beneficencia y de Sanidad los señores Maciá, Aiguadé, Gassol, Bertrand de Quintana, Escofet y Ragassol.

Llegada del presidente de la Diputación
En aquel momento llegó el presidente de la Diputación, señor Maluquer y Viladot, quien con su secretario, señor Segarra, se dirigió a donde se hallaban los reunidos.
El señor Maluquer, que estaba comiendo cuando recibió las primeras noticias de lo que ocurría, se dirigió a los reunidos y les dijo:
«Vengo a protestar de lo que ha pasado y a exigir que se desocupe esta casa, de la cual yo soy el presidente.»
El señor Maciá le contestó que les había llevado a la Diputación la voz del pueblo y que el señor Maluquer representaba a la Monarquía.
Replicó el señor Maluquer que él ocupaba la presidencia de la diputación por exclusiva voluntad de los diputados y que, por lo tanto, sólo por la fuerza abandonaría su puesto.
El señor Maciá, entonces, puso una mano sobre la espalda del señor Maluquer, y éste se retiró del Palacio provincial.

Proclama.
El señor Maciá y sus amigos pasaron a ocupar seguidamente el despacho presidencial donde volvieron a reunirse y fue dictada la siguiente nota:
«En nombre del pueblo de Cataluña proclamo el Estado catalán, bajo el régimen de una República catalana, que libremente y con toda cordialidad anhela y pide a los otros pueblos de España su colaboración en la creación de una Confederación de pueblos ibéricos y está dispuesta a lo que sea necesario para librarlos de la Monarquía borbónica.
En este momento hacemos llegar nuestra voz a todos los Estados libres del mundo, en nombre de la Libertad, de la Justicia y de la Paz internacional.- Francisco Maciá.»

El Presidente de la República de Cataluña.
En el salón de sesiones del palacio provincial se reunieron bajo la presidencia del señor Maciá los concejales republicanos del Ayuntamiento de Barcelona, los cuales por unanimidad proclamaron presidente de la República catalana al señor Maciá.

La Guerra Civil española en la visión de Cambó.

Democracia y conflicto español (1)
El desorden bajo un gobierno sin autoridad.
Un juicio excesivamente simplista, que no tiene en cuenta la realidad de los hechos notorios, y los efectos de una propaganda, más hábil que sincera, han dado lugar a que muchos hombres que tienen la fortuna de vivir en las democracias anglo-sajonas y escandinavas, adopten frente a la guerra civil española una posición espiritual que está en pugna con sus más íntimas convicciones. Creen esos hombres que la lucha, en España, está entablada entre un gobierno legítimo, hijo del sufragio, y una parte del ejército español que, restaurando el período vergonzoso de los pronunciamientos militares, se levantó contra los poderes constitucionales, para satisfacer ansias de dominio y bastardas aspiraciones de clases.
Y, a base de esta opinión, creen que el triunfo del gobierno designado por el señor Azaña significaría la consolidación de una democracia liberal, y su derrota la instauración indefinida de una dictadura militar.

La dictadura de clase.
El que estas líneas escribe, que ha proclamado siempre, a pesar de todos sus defectos, su preferencia por las democracias parlamentarias y su disconformidad con las dictaduras indefinidas -cualquiera que sea su partido, la clase o el hombre que las ejerza- se cree en el deber de mostrar el error en que están los que juzgan los acontecimientos de España con el criterio antes expuesto.
Ni es cierto que el Frente Popular haya alcanzado el poder a base de una formidable corriente de opinión que le diera un rotundo triunfo electoral. Ni es exacto que la España donde domina aun el Frente Popular esté regida por un gobierno constitucional y parlamentario, sino que lo está por la más bárbara y feroz dictadura de clase. Ni puede admitirse que la derrota de los nacionalistas consolidaría una democracia que dejó de existir hace mucho tiempo; como no puede darse por descontado que su triunfo implicaría la instauración indefinida de un régimen fascista y la infeudación de España a la política exterior de Italia y Alemania.

Vamos a verlo:

Programa sincero.
La disolución de las Cortes elegidas en noviembre de 1933, antes de transcurrir la mitad del tiempo de su mandato, fue una enorme imprudencia que, quizá con recta intención, cometió el Presidente de la República, con la vana ilusión de que unas nuevas elecciones, hechas por un hombre sin partido y sin otro apoyo que la benevolencia presidencial, producirían el milagro de crear una fuerza adicta a su persona que podría ser un regulador de la vida política española. El régimen electoral vigente en España -combinación monstruosa del régimen mayoritario, con el sufragio por lista, a base de grandes circunscripciones- y el clima pasional en que se desenvolvían las luchas políticas condenaban al fracaso, anticipadamente, la desgraciada iniciativa presidencial.
Las elecciones se prepararon bajo el signo del Frente Popular, que unía las izquierdas burguesas, con escasa fuerza en la opinión, a las organizaciones proletarias, incluso las más extremistas. El programa del Frente Popular no rebasaba los límites de un programa de izquierda burguesa y democrática. Pero las organizaciones proletarias que la aceptaron -dirigidas por hombres que proclaman la guerra de clases y la dictadura del proletariado- y las masas que los seguían -más extremistas aun que sus directores, sabían que, en caso de triunfar impondrían su voluntad porque eran el número y la audacia, mientras que ni el señor Azaña ni otro hombre alguno de las izquierdas burguesas, tenía voluntad y entereza para resistir sus demandas... o sus amenazas.

Odios excitados.
Y así, se daba el caso que, mientras el programa electoral del Frente Popular -documento largo y pesado que nadie leyó- era en materia política y social, de un reformismo casi conservador, la propaganda que se hizo en el período electoral -acaparada por los líderes de organizaciones proletarias- fue de una violencia inaudita: dejando de lado lo que pueda haber de constructivo en el socialismo y aun en el comunismo, se consagraba a excitar los malos instintos de la plebe, a fomentar todos los rencores y a prometer las más absurdas realizaciones sociales basadas siempre en la destrucción, en el aniquilamiento de sus adversarios.
Las elecciones del 16 de febrero, celebradas en medio de un ambiente de pasión pre-revolucionaria, dieron, en muchas de las capitales de provincias y ciudades importantes de España, la mayoría a las candidaturas de Frente Popular. Y como los resultados electorales de las grandes ciudades fueron los primeros en conocerse, las masas proletarias creyeron, desde el día 17, en la seguridad de su triunfo... que no era de un programa, que no habían leído y del cual nadie les había hablado, sino de las doctrinas incendiarias que les habían suministrado en mítines y hojas volantes durante la campaña electoral.
Y empezaron los desmanes de las turbas frente a los cuales la fuerza pública guardaba actitud expectante, porque las autoridades de que dependían directamente, los gobernadores civiles nombrados por el señor Portela, se fugaban, se escondían o no se atrevían a dar orden de ninguna clase que pudiera contrariar a las masas que, unas horas después, tendrían, de hecho, y tal vez de derecho, el Poder en sus manos.

Resultados falsificados.
Si durante los días 17 y 18 el resultado de las elecciones aparecía incierto y las fuerzas de derecha y de izquierda estaban muy equilibradas, el fracaso total de las candidaturas gubernamentales, patrocinadas por el Presidente de la República y el Gobierno del señor Portela, se vio claro desde el primer momento. El Jefe del Gobierno, ante la magnitud de su fracaso no se sentía con autoridad alguna, ni siquiera para mantener el orden. Inexistentes, en realidad, el poder central y su dirección la máquina coactiva del Estado. Se había creado y crecía por momentos, en muchas provincias de España, una situación anárquica, de verdadera jacquerie. Gibraltar, en los días 17 y 18 de febrero -antes de que el resultado de las elecciones fuera conocido- se llenó de propietarios y comerciantes de las provincias andaluzas más cercanas, que buscaban, bajo la bandera inglesa, una protección, una garantía, que no encontraban en su país, huérfano de autoridad.

Fue en estas condiciones que el día 19 se ofreció el Poder al jefe del Frente Popular, señor Azaña.
Las noticias que se iban recibiendo de los resultados electorales, daban un gran número de puestos al Frente Popular, pero no le aseguraban la mayoría. Para intentar alcanzarla, durante los días 19 y parte del 20 -fecha en que debía hacerse el escrutinio y la proclamación de candidatos triunfantes- bajo la coacción de las masas proletarias del Frente Popular y ante la pusilánime abstención de sus adversarios, privados de toda garantía, se falsificaron gran número de certificados de escrutinios parciales. Pero, a pesar de todas estas falsedades, aún el Frente Popular no alcanzaba mayoría. Para obtenerla, fue preciso aplazar, en algunas provincias, el escrutinio general para que hubiera tiempo de hacer nuevas falsificaciones. Con todo ello se llegó a que apareciera una mayoría de diez o doce puestos en favor del Frente Popular, que no significa siquiera, ni aún con todas las falsificaciones hechas, la mitad de los votos emitidos.
Una mayoría tan insignificante condenaba a la impotencia a las nuevas Cortes. Es verdad que podía confiarse en que, con la atracción del Poder, podrían obtenerse algunas incorporaciones que ampliasen y consolidasen la base parlamentaria del Gobierno. No quiso el señor Azaña correr este albur y utilizó la mayoría insignificante, obtenida a fuerza de falsedades, para anular las elecciones en algunas provincias en que las había perdido el Frente Popular. Unas nuevas elecciones, en las cuales las violencias de las turbas fueron protegidas y amparadas por las autoridades, dieron, por fin, al Gobierno del Frente Popular el asiento parlamentario que no le habían dado los votos de los electores españoles.

¿Es que la conducta del Gobierno español del Frente Popular logró, o lo intentó siquiera, borrar el turbio origen de su ascensión al Poder y ganarse la confianza o, por lo menos, el respeto de los ciudadanos españoles? ¡Todo lo contrario!

Promesas por radio.
A las pocas horas de haberse encargado del Poder el señor Azaña, se dirigió por radio a todos los españoles en términos irreprochables. Declaró que cumpliría fielmente el programa del Frente Popular, con el concurso del Parlamento, dentro de la más estricta observancia de la Constitución y sin consentir que se impusieran, en el Poder, soluciones que no había aceptado en la oposición.
Las palabras, llenas de buen sentido, del señor Azaña y la energía con que fueron pronunciadas, produjeron un momento de esperanza. La esperanza quedó desvanecida a las pocas horas: los directores de las organizaciones socialistas y comunistas requirieron al señor Azaña para que se empezara a dar cumplimiento al programa del Frente Popular, sin esperar el voto de las Cortes, en materias que la Constitución lo exige. Esta exigencia pugnaba, no sólo con la Constitución, sino con el compromiso solemne que, horas antes, había contraído el señor Azaña ante todos los españoles. No se sabe si fue porfiada la resistencia, lo que es cierto es que fue vencida ante la amenaza de que las masas desbordarían a sus directores. Y así, contra la Constitución, fue otorgada una amnistía general que sólo puede otorgarse por ley, y sin ley y contra la Constitución, se ordenó a los patronos que readmitieran a los obreros despedidos, aunque lo hubieran sido por causa legítima, aunque hubieran acordado el despido los Tribunales arbitrales, aunque lo hubise impuesto el Gobierno.

Se impone el desorden.
Con la aplicación combinada de ambos decretos se destruyó toda disciplina en el trabajo y se produjeron infinidad de casos monstruosos. Me limitaré a citar uno solo: un obrero que pocos meses antes había asesinado a un patrono, debía ser readmitido por los hijos de la víctima, en el mismo puesto que antes ocupaba y, como premio, debían abonarle los salarios desde el día que cometió el crimen.
Estas primeras claudicaciones del Poder público significaron una considerable agravación en el proceso de descomposición social en que, desde el 17 de febrero, vivía España. El señor Azaña demostró que sus arrogancias eran puramente verbales: los meneurs averiguaron que, ante su voluntad, cedía el Gobierno, se torcía la ley, y se burlaba la Constitución; las masas extremistas se apercibieron de que sus directores estaban dispuestos a sostener y amparar todas las violencias y todos los crímenes.

Y así empezó la guerra civil española: con invasión de fincas, asesinatos de patronos, incendios de iglesias... y persecución de fascistas.

Bajo la tirania anarquista(2)
El golpe de Franco como manifestación de patriotismo.
Hay que advertir que en España el fascismo no tuvo importancia alguna hasta después de las elecciones del 16 de febrero. En dichas elecciones la candidatura fascista por Madrid, que era donde estaba el núcleo mayor y donde tenía mayor ambiente, obtuvo tres mil votos, entre cuatrocientos mil votantes. En España, el Frente Popular, creado para combatir un fascismo que no existía, al perseguir un fantasma, ha creado una realidad... que se llama fascismo, porque con tal denominación se le ha combatido, pero que, en realidad, no es otra cosa que la reacción natural y salvadora que se produce en una colectividad política cuando actúan violentamente gérmenes de descomposición que amenazan acabar con ella, y el Poder público, mediatizado por la anarquía, no quiere ni puede cumplir con su deber elemental de mantener el orden y hacer cumplir las leyes.

Ayudas a los rojos.
Elegido presidente de la República el señor Azaña, se encargó del Poder el señor Casares Quiroga. Bajo su mando el proceso de descomposicion interna de España se acentuó de día en día. El Gobierno actuaba al dictado de comunistas, anarquistas y socialistas bolchevizantes. Los crímenes políticos y sociales estaban a la orden del día. Por las carreteras no se podía circular sin pagar tributo a unas bandas que, con el nombre de «Socorro Rojo» desvalijaban a los transeúntes ante los agentes de la autoridad obligados a permanecer como meros espectadores de todos los delitos cometidos en nombre de una ideología revolucionaria. Bastaba una bandera roja o un puño en alto para poder robar, incendiar, asesinar impunemente.

El juicio que merezca la conducta política del señor Casares Quiroga, queda juzgado en dos hechos:
Primero: En el Parlamento, al ser requerido para que pusiera fin al estado de guerra civil en que se vivía, en muchas provincias españolas, imponiendo a todos, derechas e izquierdas, fascistas y comunistas, el cumplimiento de la ley y el respeto a la autoridad, contestó que el Gobierno, en la lucha, no se sentía juez, sino beligerante.
Segundo: El asesinato del jefe monárquico señor Calvo Sotelo, cometido por agentes de autoridad, vestidos de uniforme y utilizando una camioneta del Cuerpo de Seguridad, no arrancó de labios del señor Casares Quiroga ni una palabra de protesta, ni un gesto que significara que iban a ser castigados los asesinos.
Creo que es suficiente para retratar un hombre y definir una política.

La acción del Ejército.
Y fue entonces cuando se produjo el alzamiento militar.
La actitud de la mayoría del Ejército era conocida: respeto absoluto al Gobierno y a la legalidad constituida, mientras no fuera inminente el desquiciamiento y la bolchevización de España; en este momento, al lado del gobierno, si, por fortuna, el Gobierno quería resistir; frente al Gobierno, si éste se resignaba a la descomposición interior de España.
Y aquí llegamos al punto más delicado y trascendental. ¿Se había llegado ya al momento en que un deber elemental de patriotismo exigía al Ejército que interviniera, sin el gobierno, contra el Gobierno, para atajar el proceso, avanzadísimo, de la descomposición de España?

Este es un punto en que muchos pueden dudar; en que muchos dudamos y aún nos inclinábamos a la negativa, cuando se produjo el alzamiento militar.
Pero nuestras dudas se han desvanecido cuando hemos visto que la FAI, la formidable organización anarquista -que hoy ejerce, de hecho, el poder en las provincias controladas por los Gobiernos del Frente Popular-, tenía perfectamente preparada su intervención revolucionaria para apoderarse del mando en el momento en que, anarquizado y descompuesto el ejército, no encontraría fuerza alguna que se opusiera a su audacia.

El ejemplo de Cataluña.
Que las organizaciones extremistas exigían la separación del ejército de todos los generales, jefes y oficiales que pudieran oponerse a un golpe de mano anarquista o comunista, era notorio. También lo era, por desgracia, que el Gobierno no tenía la entereza necesaria para resistir a la conminación. Si hubiera alguna duda, la desvanecería el ejemplo de lo que ocurría con la Guardia Civil -el Instituto armado que era la máxima garantía del mantenimiento de la paz y del respeto a la ley- de la cual, el mes de abril, se iban eliminando los jefes y oficiales que señalaban los comunistas y socialistas bolchevizantes.

Y a los que dudaban de la realidad del peligro y creían que el tiempo podía atenuarlo y suprimirlo, les invito a que quieran contemplar una realidad que les dirá cuán profundo es su error. Esta realidad es la situación de Cataluña.
En Cataluña, la sublevación militar duró sólo veinticuatro horas. Puede decirse que a las doce horas estaba vencida, porque su jefe, rendido y prisionero, se dirigía, por radio, a todas las guarniciones de Cataluña invitándolas a la rendición. Los hombres del Frente Popular quedaron, desde el día 20 de julio, totalmente dueños de la situación en Cataluña. La zona de guerra está muy lejos del territorio catalán. Ningún ataque se ha producido por parte de los ejércitos nacionales. La situación interior de Cataluña, con su Gobierno autónomo, no está, pues, determinada por la guerra civil: es el desemboque natural de la situación que, en toda España, existía antes del alzamiento militar.

¿Qué ocurre en Cataluña? Que el terror rojo reina allí más violento y salvaje que en cualquier otra región de España.

Una amenaza para España.
No sólo son perseguidos y asesinados los sacerdotes, los burgueses, los hombres de derechas; lo son igualmente los hombres de las izquierdas burguesas... que iniciaron la constitución del Frente Popular: sus personalidades más salientes ya están ocultas en Francia o en Bélgica, desempeñan, más allá del Atántico, fantásticas misiones que disimulan la realidad de su huida. Los que están aún en Barcelona es porque no han podido salvar la vigilancia implacable de los hombres de la FAI. Por cada burgués y cada cura asesinado, lo han sido diez obreros.

Se han suprimido los Tribunales de Justicia, así en lo criminal como en lo civil, y han sido substituidos por Tribunales Populares, integrados por representantes de los Comités revolucionarios, con encargo de hacer justicia prescindiendo de las leyes y ateniéndose únicamente a los dictados de su conciencia revolucionaria. Téngase en cuenta que la mayor parte de las ejecuciones capitales no las decretan estos Tribunales Populares, sino bandas y comités de las organizaciones comunistas y anarquistas.

Las iglesias han sido quemadas; la mayoría de las viviendas, saqueadas y expoliadas; todas las propiedades, tanto de españoles como de extranjeros, han sido incautadas; han sido abiertas lascajas de los Bancos y los comités anarquistas de intervención disponen a su antojo de los bienes de los Bancos y de lo que en ellos habían depositado los particulares. Todos los periódicos han sido incautados, no por el Gobierno, sino por miembros de las distintas organizaciones revolucionarias y, a costa de sus antiguos propietarios -si tienen bienes en España- defienden la política de los incautadores.

Sólo en la Hungría de Bela Khun puede encontrarse algo semejante al régimen que impera en Cataluña.

Y el régimen de Cataluña es el que impera en Valencia y Alicante, Jaén y Málaga y Cartagena, y en todas las provincias gobernadas por el Frente Popular, es el régimen que imperaría en toda España si no se hubiera producido el alzamiento militar.


Si ocurriese en Inglaterra.
Esta es la reflexión que deben hacerse los ciudadanos que, por vivir en países de régimen democrático y parlamentario, donde el respeto a la ley y a la autoridad son postulados que admiten todos los partidos, les hace difícil comprender la realidad de lo que ocurrió en España desde el 17 de febrero.

Es natural la tendencia que tienen todos los hombres equilibrados a juzgar los hechos según las normas corrientes que presiden, en general, su origen y su trayectoria, resistiéndose, por instinto, a admitir lo monstruoso, lo anormal, lo absurdo. Pero cuando se produce una situación que ofrece estas características, hay que juzgarla así, aunque su anormalidad nos moleste y nos choque. Es para cuando se producen en la vida pública de un país casos de esta índole, que los romanos inventaron la fórmula salus populi suprema lex que han aplicado, olvidando, por un momento, las normas y preceptos usuales, todos los pueblos, cuando han sentido la inminencia de un gran peligro.

Yo invito a estos hombres a que piensen cuál sería su actitud en su país -en Inglaterra, por ejemplo-, si llegase el caso de que un gobierno se sometiera a las órdenes de comités anarquistas y comunistas, que se les impusieran y aquél las aceptara, toda suerte de claudicaciones: gobernar contra la Constitución; infringir las leyes; prostituir la Justicia; amparar el crimen impidiendo que la fuerza pública se oponga a los robos, incendios y asesinatos que se cometen ante su presencia y separando de sus cargos a los que no muestren su satisfacción por cooperar en esta obra de descomposición nacional; organizar, valiéndose de los agentes de orden público, vestidos de uniforme, el asesinato de los adversarios políticos; preparar la destrucción del ejército, para que no pueda impedir que la más espantosa anarquía se apodere del país.

Ya sé que me dirán que esto no es posible. Y yo les digo que esto es lo que ha pasado en España y que no habrá un representante diplomático o consular que pueda negar mis afirmaciones.

El dilema.
Y cuando tengan que aceptar la realidad de aquellos hechos, tendrán que admitir que se había producido en España aquella situación en que la insurrección contra el Poder público, no sólo era un derecho, sino un deber de patriotismo y de ciudadanía.

Yo no sé, ni sabe nadie, el régimen que se instaurará en España si triunfa el movimiento que acaudilla el general Franco. Lo que parece evidente es que tendrá un carácter acentuadamente nacional y que, por tanto, inspirará su política exterior en un patriótico egoísmo que excluirá toda posibilidad de que los intereses de España se subordinen a cualquier interés o cualquiera ideología extranacional. Y, basta mirar el mapa de España para ver, claramente, que su interés nacional, ni está ni puede estar en pugna con el de la Gran Bretaña.

En cambio, si fuera vencido el alzamiento nacionalista, no ofrece duda alguna que se instauraría en España -una España que es pieza esencial para la libre navegación en el estrecho de Gibraltar y que ocupa posiciones admirables en el Mediterráneo- una República soviética, gobernada por Moscú, incorporada integralmente a la política de la URSS.
¿Puede haber un ciudadano inglés, un espíritu incorporado a la civilización occidental -individualista y cristiana- que dude ante la perspectiva que le ofrecen estas alternativas?


La cruzada española (3)
Los que no ven en la gran tragedia española más que una guerra civil, con los horrores que acompañan siempre la lucha entre hermanos, sufren lamentable ceguera. Una lucha interior, en un país fuera de las corrientes del tráfico de las mercancías y de las ideas, que no tiene peso específico bastante para influir en la vida internacional ni por su fuerza económica, ni por su potencia militar, ni por su posición política, podría haber despertado algún interés en los tiempos tranquilos que vivió la Humanidad algunas décadas atrás. Pero en los momentos agitados y frenéticos que vivimos, nadie le prestaría hoy atención. Y la realidad nos dice que desde sus comienzos la guerra civil española es el acontecimiento que más preocupa a las cancillerías y aquel que más profundamente agita y apasiona las masas.

Es que el mundo entero se da cuenta de que en tierras de España, en medio de horrores y de heroísmo, está entablada una contienda que interesa a todas las naciones del mundo y a todos los hombres del planeta.

Para comprender su magnitud hay que recordar el año 1917, el de la instauración del bolcheviquismo en Rusia, y pensar en todas las desdichas que de aquel hecho se han derivado para todos los pueblos.

La implantación del sovietismo en Rusia, uno de los mayores retrocesos históricos de la humanidad, significó el triunfo, en un gran Imperio, del materialismo sobre todos los valores espirituales que hasta entonces habían guiado a la humanidad camino del progreso, y habían agrupado a los hombres en naciones y en Estados.

La lucha entre las más opuestas concepciones de la vida de hombres y pueblos surgió inmediata y no ha cesado un momento, porque los directores del bolcheviquismo ruso tuvieron, desde luego, la clara visión de que su régimen no podía subsistir más que perturbando la paz y disminuyendo el bienestar en el resto del mundo, único modo de enturbiar la visión de la espantosa miseria en que tienen sumido a su pueblo.

La Rusia bolchevique alcanzó la ventaja que en toda lucha obtienen los que emprenden la ofensiva, y su brutal agresión no encontró más que una débil resistencia en la endeble estructura político-social-religiosa de la vieja Rusia, auxiliada sin energía ni constancia por los Estados que mayor interés tenían en impedir el triunfo de aquélla.

Después, todos los países cristianos, uno tras otro, ya con la esperanza de obtener un lucro, ya por la inercia que impele a seguir la corriente, no sólo reconocieron al gobierno bolchevique, sino que le prestaron toda suerte de concursos para que pudiera forjar las armas con que trataría luego de aniquilarles.

La cruzada de la España nacional es, exactamente, lo contrario de la victoria del bolcheviquismo en 1917, y su triunfo puede tener y tendrá para el bien la trascendencia que para el mal tuvo aquélla. Significa que allá, en el extremo sudoccidental de Europa, se levantó un pueblo dispuesto a todos los sacrificios para que los valores espirituales (religión, patria, familia) no fueran destruidos por la invasión bolchevique que se estaba adueñando del poder.

Es porque tiene un valor universal la cruzada española por lo que interesa no sólo a todos los pueblos, sino a todos los hombres del planeta.

Ante ella no hay, no puede haber indiferentes. La guerra civil que asola España existe, en el orden espiritual, en todos los países. En vano proclaman algunas potencias que hay que evitar la formación de bloques a base de idearios contrapuestos. Los que tal afirman, si examinan la situación de su propio país, verán que estos bloques ideológicos existen ya y tienen una fuerza inquebrantable. Los encontrarán dentro de los partidos y de las agrupaciones profesionales, aun en los grupos más restingidos de sus relaciones particulares y familiares.

A España le ha correspondido, una vez más, el terrible honor de ser el paladín de una causa universal. Durante ocho siglos, Bizancio, en la extremidad oriental, y España, en la extremidad occidental, defendieron a Europa en lucha constante: aquélla con las invasiones asiáticas y ésta con las asiáticas y con las africanas. Y cuando Bizancio cayó para siempre, España preparaba el último y formidable esfuerzo que le dio definitiva victoria, que la Providencia quiso premiar dándole otra misión de trascendencia universal: la de descubrir y cristianizar un nuevo mundo.

Cuando la Iglesia católica, en el siglo XVI, sufrió el más duro embate de su existencia, fue España la que asumió la misión terrena de salvarla. Y ya en el siglo XIX, cuando el destino de Napoleón se apartó del servicio de su patria para servir únicamente su propia causa, fue España, la España inmortal, la que ofreciendo al héroe hasta entonces invencible una resistencia inquebrantable, salvó a Europa y a la propia Francia.

Hoy se cumple una vez más la ley providencial que reserva a España el cumplimiento de los grandes destinos, el servicio de las causas más nobles, que lo son tanto más cuanto implican grandes dolores sin la esperanza de provecho alguno.

Y las grandes democracias de la Europa occidental, que miran con reserva y prevención la gran cruzada española, se empeñan en no ver que para ellas será el mayor provecho, como para ellas sería el mayor estrago si el bolcheviquismo ruso tuviera una sucursal en la península ibérica.

No es hoy momento de discutir cómo se regirá la nueva España. Pero una cosa podemos decir: España, como lo dejó probado de modo irrebatible Menéndez Pelayo, fue un más grande valor universal en cuanto fue más española, más íntimamente unida a la solera medieval que la forjó preparando la gran obra de los Reyes Católicos y de los primeros Austrias, mientras que las etapas de su decadencia coinciden con las de su decoloración tradicional. La nueva España será, de ello estamos seguros, genuinamente española, y para crear las instituciones que deben regirla no necesitará copiar ejemplos de fuera, porque en el riquísimo arsenal de su tradición más que milenaria encontrará las fórmulas para mejor servir y atender las necesidades de la nueva etapa de su historia.

No hay que olvidar un hecho en el cual se encuentran en germen muchos de los ingredientes que ha producido la guerra civil. Es un hecho que nunca, y hoy menos aún, han de olvidar los españoles: al triunfar el espíritu patriótico-religioso en la resistencia española a la dominación napoleónica, se reunieron primero en la Isla de León y después en Cádiz, los hombres que habían de forjar las instituciones que rigieron la España que con su sangre habían reconquistado sus hijos. Y la Constitución llamada de Cádiz olvidó la tradición española para inspirarse en las doctrinas de la Revolución Francesa: ¡el vencedor implantaba las doctrinas del vencido! Y así quedó frustrado el glorioso y triunfal esfuerzo y desconectada la corriente tradicional española de sus nuevas instituciones políticas, iniciándose una pugna que ha culminado en la lucha actual.

Es indispensable que el caso no se repita; la sangre de los millares de héroes que están dando su vida por salvar a España del materialismo y la barbarie bolcheviques, ha de servir, por lo menos, para que nuestra patria vuelva a marchar por la senda que le señala la tradición y que no debió abandonar jamás.

Francisco Cambó

1 La traducción inglesa incompleta se publicó en «The Daily Telegraph» (28-XII-1936). B. de Ríquer ha recuperado los textos originales en español (El último Cambó. Barcelona, 1997, págs. 286 y ss.)
2 Traducido al inglés en «The Daily Telegraph», 29-XII-1936..
3 Publicado en «La Nación», Buenos Aires, 17-XI-1937.
DE RIQUER, Borja: L´últim Cambó (1936-1947).Vic: Eumo Editorial, 1996. 291-294 pp.

jueves, 25 de diciembre de 2008

La intrahistoria de la historia

Telde, 4 de octubre de 1994.

Responsable de Renovación de Enseñanzas.
Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa.
Santa Cruz de Tenerife.

En relación a su escrito núm 1284 de 15 de septiembre de 1994 en el que se me remiten las aportaciones de la Comisión Perma­nente del Consejo Escolar al área de Historia" que yo redacté "a efectos de que emita" mi "opinión sobre dichas aportaciones" he de manifestarle lo siguiente:

Dichas aportaciones hacen referencia a una paginación que no se corresponde con el Currículo de Bachillerato -MATERIAS COMU­NES- publicado por la Consejería de Educación, por esa razón adjunto fotocopia del documento que se me envió y sobre el cual he trabajado.

El Consejo Escolar de Canarias (en adelante C.E.C.) plantea una "Introducción" que no explica si ha de añadirse a la funda­mentación del Documento que redacté o si sólo es introducción al contenido del suyo.

Dicha introducción dice textualmente: "Con respecto a esta materia común del Bachillerato, y en función de sus principios recogidos en la introducción de la materia, donde tanto se plan­tea una enseñanza significativa de la misma, en la que no se ol­vidan los ejes transversales como prioridades educativas genera­les del sistema, y donde el alumno/a toma un papel activo en el aprendizaje de dichos contenidos, queremos hacer constar unos cambios para que dichos objetivos no se queden en buenas inten­ciones" (1)
.
En relación a su contenido, exceptuando lo subrayado, ya está recogido y explicado en la fundamentación del documento que yo redacté. Los subrayado sinceramente creo que sobra, máxime cuando los cambios que formula no se refieren exclusivamente a los obje­tivos y tampoco existe una fundamentación que justifique que con ellos se consigan los objetivos de manera eficiente.

A continuación se afirma: "En general se observa una redacción poco clara en los objetivos, a la vez que algunas valoraciones poco acordes con un planteamiento abierto" (2)
. Sinceramente creo que la falta de claridad sólo puede darse para aquellas personas que no sean especialistas en la materia, que desconozcan los si­gnificados precisos de los términos empleados en el documento o que carezcan de una visión lo suficientemente amplia, renovada y profunda de la Historia. Quizás se hayan pasado por alto aspectos esenciales de la fundamentación y por ello resulte difícil enten­der el resto del documento. La renovación que se sugiere no se refiere a un mero cambio en los métodos didácticos, a unos conte­nidos (en sentido amplio) diferentes o a un enfoque distinto de la Historia; se plantea una reconceptualización de la propia asignatura y eso lleva tiempo en asimilarse.
Si que pienso que las aportaciones sugeridas cierran el Currí­culo que yo escribí y contienen valoraciones muy discutibles y poco argumentadas.
Soy consciente de que un texto sintetizado y denso necesita de una explicación más amplia y ello debe hacerse a través de múlti­ples instrumentos como por ejemplo la elaboración de materiales curriculares. Además dicho texto, cuyo objeto es servir de base a un profundo debate entre los docentes, sufrirá la clarificaciones que sin duda necesita.
Prueba lo que digo el que los cambios sugeridos no afectan a lo esencial del documento en todas sus partes y se acepta éste prácticamente en su totalidad.

Así, en relación a los objetivos, se sugiere:

"Cambiar la redacción del objetivo 1" en el texto original que dice "comprender España como realidad problemática y compleja, plural y diversa, con una larga Historia, surgida en el tiempo, como resultado de su dilatada trayectoria histórica y como pro­yecto de futuro, en la que su pasado pervive en su presente en forma de posibilidades y se proyecta, a través de él, en su fu­turo." por el de "comprender que la actual realidad española, compleja, plural y diversa, es producto de un proceso histórico y que a su vez se proyecta hacia el futuro".(3)


Sigo opinando que cada uno de los términos empleados en el texto original reflejan aspectos esenciales. "España como reali­dad problemática y compleja, plural y diversa" no se refiere ex­clusivamente a la España actual. "Su larga Historia", "surgida en el tiempo", "resultado de una dilatada trayectoria histórica" y "proyecto de futuro" son contenidos que cualquier docente de la Historia comprende que no son obviedades. Lo mismo puede decirse en relación a que su "pasado pervive en su presente en forma de posibilidades" y que "se proyecta, a través de él, en su futuro".

Quizás podría clarificarse alterando su redacción del si­guiente modo: "comprender España como realidad problemática y compleja, plural y diversa; surgida en el tiempo, resultado de una dilatada trayectoria histórica y proyecto de futuro; su pa­sado pervive en su presente en forma de posibilidades y a tra­vés de éste se proyecta en su futuro."

No hay ningún inconveniente en "Reordenar(4)
el objetivo 4:" que dice: Acercarse al pasado indagando como han surgido las reali­da­des en las que vive, identificando en éstas los cambios, las pervivencias y las transformaciones en sus diferentes ritmos y duraciones y en el contexto de los factores que las determinan, explicando y valorando en sus coordenadas espacio-temporales hechos y procesos significativos de España y Canarias de carácter económico, social, político y cultural y especialmente referidos con los siglos XIX y XX.

Se sugiere "Acercarse al pasado, indagando cómo han surgido las realidad en las viven, identificando en ellas:
a) los cambios, las pervivencias y las transformaciones.
b) considerando sus diferentes ritmos, duraciones y el contexto de los factores que la determinan.
c) explicando y valorando, en sus coordenadas espacio temporales, hechos y procesos significativos de España y Canarias, de carácter económico, social, político y cultu­ral, y especialmente referidos a los siglos XIX y XX."
Lo mismo cabe decirse en relación a "Reordenar(5)
el objetivo 5:" que dice "Identificar las distintas etapas en las que se ha dividido la historia de España y de Canarias determinando críti­camente los principios de las mismas, estableciendo los caracte­res esenciales de los períodos resultantes, la continuidad tempo­ral de los mismos y el contexto internacional en el que éstos encontrarán muchas de sus claves explicativas."

Se sugiere "Identificar las distintas etapas en las que se ha dividido la historia de España y de Canarias:
a) determinando críticamente los principios de las mis­mas.
b) estableciendo los caracteres esenciales de los perío­dos que las componen y su continuidad temporal.
c) el contexto internacional en el que éstos encontrarán muchas de sus claves explicativas."

Se plantea "En el objetivo 6 modificar:" el texto original "Emplear conceptos históricos evitando anacronismos interpreta­tivos (por la atribución cronológica inadecuada de éstos) e iden­ti­ficar problemas del pasado o del presente definiendo sus rasgos característicos, contrastando críticamente visiones his­to­riográficas distintas, elaborando síntesis (6)
personales, formu­lando hipótesis de trabajo y valorando el análisis histórico como proceso que exige una constante reelaboración.
quedando de la siguiente forma:
Emplear conceptos históricos evitando anacronismos inte­r­pretativos (por la atribución cronológica inadecuada de éstos) e identificar problemas del pasado o del presente definiendo sus rasgos característicos, Contrastar crítica­mente visiones historiográficas distintas. Elaborar sínte­sis personales, formulando hipótesis de trabajo y valorando el análisis histórico como proceso que exige una constante reelaboración.

Pienso que la redacción inicial refleja mucho mejor las se­cuenciación en los procedimientos que se plantean. Personalmente no modificaría la redacción inicial.

Se plantea "Modificar objetivo 8:" que dice: "Entender el ac­tual ordenamiento constitucional español, desde la experiencia de su largo y difícil proceso constituyente, valorándolo como norma de convivencia en la diversidad de intereses, ideologías, deseos y propuestas propios de una sociedad plural y como expresión y salvaguardia de los derechos y libertades de una sociedad demo­crática."

"quedando de la siguiente manera:"

8.- Entender el actual ordenamiento constitucional espa­ñol y su proceso constituyente. Valorarlo como norma de convivencia de una sociedad plural y democrática y expresión y salvaguardia de Derechos y Libertades"

La sugerencia da la impresión de olvidar el aspecto histórico del presente: "desde la experiencia de su largo y difícil proceso constituyente" no se refiere al proceso de Transición a partir del 1975 o al proceso constituyente que culmina en el 1978; este texto evocará al docente de la historia los siglos XIX y XX de la Historia de España.
"La diversidad de intereses, ideologías, deseos y propuestas propios de una sociedad plural y como expresión y salvaguardia de los derechos y libertades de una sociedad democrática" permitirá contextualizar el consenso de la Constitución del 1978 en rela­ción a su ausencia en períodos anteriores.
Seguiría manteniendo en este objetivo la redacción original.

Sugiere "Añadir dos objetivos:

9.- "Comprender la evolución histórica como fruto de la evolu­ción personal y generacional al conceder significado a sus pro­pias actuaciones, dentro de un marco de mentalidades individuales y sociales que conforman etapas históricas"

10.- "Descubrir y ser consciente del poder de influencia que ejercen como grupo social en el proceso histórico de todas socie­dad; donde las necesidades e implicaciones de sus ciudadanos/as como participantes activos, individualmente y socialmente, dete­r­minan parte del desarrollo y evolución de su pueblo, ciudad, re­gión y/o estado."


Respecto al objetivo 9 creo que desde un punto de vista histó­rico sería muy discutible su inclusión. Lo mismo cabe decir del objetivo 10. Ambos objetivos, además, contradicen aspectos esen­ciales de la fundamentación y de los objetivos formulados en el documento original. Por otro lado pretenden reiterar aspectos que ya se encuentran suficientemente recogidos en la propia fundamen­tación y en los objetivos anteriormente recogidos.
No incluiría los objetivos 9 y 10 en el Currículo. Podría ser interesante que su inclusión o exclusión fuera objeto de debate entre los docentes de la Historia.
En relación a los contenidos el documento del C.E.C. afirma: "Respecto al bloque de contenidos, y en ausencia de mayor expli­citación de los contenidos históricos de Canarias(7)
, en aspectos económicos, políticos, sociales, culturales..., los objetivos añadidos carecerían de sentido al no plasmarse la necesidad de partir del conocimiento de la realidad histórica canarias. Pen­sa­mos que dicho conocimiento facilitaría la comprensión de toda la evolución y diversificación de la historia de España, por tanto se añaden las siguientes aclaraciones"
Respecto a la explicitación de los aspectos de Canarias da la impresión de que los redactores del documento han pasado muy por encima el Currículo planteado. A título de ejemplo y sin ser rei­terativo se transcriben tres párrafos del mismo: "se pretende que los alumnos y alumnas construyan una trama cronológica propia que represente una red espacio-temporal de referencia EN LA QUE PUEDAN INSERTAR LOS PERIODOS Y LOS ARGUMENTOS DE LA HISTORIA DE ESPAÑA Y DE CANARIAS que son abordados en los restantes núcleos temáticos." (8)

"Esta historia deberá dar razón de la GÉNESIS DISTINTA Y EVOLUCION DIFERENCIADA DEL CONJUNTO DE NACIONALIDADES Y REGIONES QUE CONSTITUYEN LA ESPAÑA ACTUAL EN SU PLURALIDAD DE CULTURAS, TRADICIONES, LENGUAS E INSTITUCIONES" (...) "Un OBJETIVO PRIORI­TARIO A CONSEGUIR CON SU ESTUDIO HA DE SER LA ADQUISICION, POR PARTE DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS, DE LA DIMENSION HISTORICA DE LAS ACTUALES REALIDADES ESPAÑOLA Y CANARIA y su comprensión como re­sultados de múltiples secuencias previas, lo que hará que éstos puedan elaborar puntos de referencia personales que relacionen el propio devenir con el pasado del grupo al que pertenecen."(...) "En síntesis con el desarrollo de la Historia de España los alumnos y alumnas deberán ser capaces de elaborar para sí mismos una trama mental de lo que España representó en el pasado, de lo que es realmente hoy y de cómo puede evolucionar hacia el futuro. EN ESE CONTEXTO DEBERAN ADQUIRIR UNA SUFICIENTE COMPRENSION DE LA REALIDAD CANARIA EN LA QUE ESTAN INSERTOS." (9)
"Poseer, con un grado suficiente de distanciamiento, una cier­ta noción esquemática de COMO SER FORMARON ESPAÑA Y CANARIAS Y CUALES FUERON SUS RESPECTIVAS TRAYECTORIAS HISTORICAS. (10)
"

No obstante puede añadirse texto original "Con el tratamiento de los contenidos del presente bloque se pretende que los alumnos y alumnas adquieran un esquema básico del proceso seguido hasta la actual estructuración del Estado social y democrático con forma política de Monarquía parlamentaria y articulación terri­to­rial descentralizada de carácter autonómico." lo si­guiente "y su especial referencia a Canarias".

Lo mismo, si no resulta reiterativo, puede hacerse en el blo­que 5 en el que se sugiere modificar "Tratarán de explicitar los rasgos esenciales de la sociedad española actual en relación a su pasado reciente" quedando de la siguiente manera: "Tratarán de explicitar los rasgos esenciales de la sociedad española actual, y en la sociedad canaria en particular, en relación a su pasado reciente"

Pienso que a la introducción de modificaciones a los Criterios de Evaluación: "Y en relación al apartado de criterios de evalua­ción, y no perdiendo la visión global de la Hª de España, evaluar también el conocimiento de la evolución histórica de Canarias, como el nivel de conciencia en la influencia que ejercemos en nuestra historia, con actitudes de responsabilidad y tolerancia con lo que se añade:" resulta cuando menos extraña.

No se modifica el criterio de evaluación 1, sólo su explica­ción mediante los cambios que expreso en negrita subrayada:

Los alumnos y alumnas serán capaces de reconocer los ele­mentos diferenciales (geográficos, históricos, culturales, lingüísticos, económicos) que confieren señas de identidad y personalidad propia a cada una de las nacionalidades y regiones que componen España (sustituirlo por "el Estado español") y de caracterizar aquellos otros que le son comu­nes y de construirse una trama mental de cómo ésta se formó y articuló en el tiempo, lo que representó en el pasado, lo que es realmente hoy y el (eliminar este artículo que precede al cómo) cómo puede evolucionar hacia el futuro.(añadir "Por consiguiente, desarrollar y elaborar también, por sí mismos, la trama mental con las señas de identidad y los elementos comunes al resto del estado (11)
, como concepción del pasado, presente y futuro de Canarias").

Sobre la sustitución de España por Estado español pienso que no debe hacerse ya que no son conceptos unívocos, además la rea­lidad histórica objeto de estudio es la de España y no la del Estado Español (aunque explicar este argumento exigiría un dis­curso mayor).
No hay inconveniente en eliminar el artículo que precede al cómo, es más hacerlo clarifica el significado de lo que se pre­tende decir.
El añadido final sinceramente creo que sobra por su confusión y por reiterar aspectos que se recogen en otros criterios (ejem­plo el número 3).

Criterio de evaluación 2: "Periodizarán caracterizando la evo­lución política española desde la monarquía absoluta y la concep­ción centralista del Estado unitario hasta la constitucionaliza­ción vigente de la monarquía parlamentaria y el Estado descentra­lizado autonómico." El C.E.C. Sugiere añadir: "Teniendo presente la evolución política de Canarias en relación de seme­janzas y diferencias a la evolución de España".
Pienso que podría refundirse el contenido de la sugerencia con el texto original de la siguiente manera:

"Periodizarán caracterizando la evolución política española y canaria desde la monarquía absoluta y la concepción centralista del Estado unitario hasta la constitucionalización vigente de la monarquía parlamentaria y el Estado descentralizado autonómico."
Criterio de evaluación 3.- "Reconocerán y apreciarán el pre­sente de España y de Canarias como resultado de sus secuencias temporales previas, cómo éstas determinan sus posibilidades ac­tuales y el modo en que este presente condiciona el futuro sobre la base de las opciones a tomar ante las disyuntivas que su­giere." El C.E.C. sugiere añadir: "plasmándose con una actitud responsable y crítica ante la influencia del presente en el fu­turo".

Propongo refundir dicha aportación con el texto original de la siguiente manera:

"Reconocerán y apreciarán, responsable y críticamente, el pre­sente de España y de Canarias como resultado de sus secuencias temporales previas, cómo éstas determinan sus posibilidades ac­tuales y el modo en que este presente condiciona el futuro sobre la base de las opciones a tomar ante las disyuntivas que su­giere."

Se pretende apreciar en que medida los alumnos son capaces de relacionar el pasado, presente y futuro de España (el C.E.C. su­giere añadir ",con especial referencia a Canarias") y valoran el conocimiento histórico como necesario para comprender el pre­sente en su profundidad temporal y como asunto que compete a toda la sociedad y no sólo a los especialistas o eruditos, también se trataría de valorar si adoptan ante este presente una actitud responsable en cuanto que condiciona la posibilidad de un pro­yecto futuro.

Podría refundirse y quedar así:

Se pretende apreciar en que medida los alumnos son capaces de relacionar el pasado, presente y futuro de Canarias y España y valoran el conocimiento histórico como necesario para comprender el presente en su profundidad temporal y como asunto que compete a toda la sociedad y no sólo a los especialistas o eruditos, tam­bién se trataría de valorar si adoptan ante este presente una actitud responsable en cuanto que condiciona la posibilidad de un proyecto futuro.

Criterio de evaluación 4.- Señalarán las relaciones que tienen hechos significativos de la Historia de España, (el C.E.C. su­giere añadir:"como de la Historia de Canarias,") con el contexto internacional en el que se desarrollan, ponderando sus analogías y peculiaridades.

Podría refundirse y quedar así:

Señalarán las relaciones que tienen hechos significativos de la Historia de España y de Canarias con el contexto internacional en el que se desarrollan, ponderando sus analogías y peculiarida­des.

"Los alumnos apreciarán la continuidad temática y la proximi­dad cronológica entre acontecimientos ocurridos en España y otros acontecidos fuera de ella. Serán capaces de poner ejemplos de las semejanzas existentes entre instituciones políticas, há­bi­tos sociales, situaciones económicas... de España y otros del mundo exterior, y de percibir la relativa peculiaridad o diacro­nía de determinadas situaciones españolas". (El C.E.C. sugiere añadir ";no olvidando la riqueza de las influencias de los cana­rios/as con toda su afluencia de emigración").

Creo que este añadido sobra.

Criterio de evaluación 5.- "Caracterizarán la economía espa­ñola actual desde la óptica de la diferenciada evolución econó­mica y social de España, en su diversidad territorial (el C.E.C. propone añadir "con especial referencia a Canarias"), comparán­dola con la de los demás paises de la Comunidad Económica Euro­pea, y, desde la consideración de sus diferentes ritmos evolu­ti­vos, reconocer genéticamente sus problemas, contradiccio­nes y desequilibrios, tanto comunes como diferenciales.

Puede refundirse así: "Caracterizarán las economías española y canaria actuales desde la óptica de la diferenciada evolución económica y social de España, en su diversidad territorial, co­m­parándolas con la de los demás paises de la Comunidad Económica Europea, y, desde la consideración de sus diferentes rit­mos evo­lutivos, reconocer genéticamente sus problemas, contradiccio­nes y desequilibrios, tanto comunes como diferenciales.


Criterio de evaluación 9: "Reconocerán los elementos esencia­les que caracterizan las distintas culturas y mentalidades socia­les vigentes en España (el C.E.C. sugiere añadir: "y más particu­larmente en Canarias") en un análisis comparativo en relación al pasado y descubriendo en ellas los cambios significativos produ­cidos y los factores intervinientes en los mismos.

Puede refundirse así:
"Reconocerán los elementos esenciales que caracterizan las distintas culturas y mentalidades sociales vigentes en España y Canarias en un análisis comparativo en relación al pasado y des­cubriendo en ellas los cambios significativos producidos y los factores intervinientes en los mismos.


El C.E.C. proponer "Añadir tres criterios nuevos:

11.- Reconocer los elementos que conforman su patrimonio cul­tural, desarrollando una actitud de respeto y tolerancia hacia dicha identidad (para que quede más explícito el objetivo número 7).

12.- Reconocer la necesidad de un método de trabajo en el es­tudio de la historia que parta del respeto y la tolerancia a la historia individual y colectiva, sin prejuicios a priori e inter­pretaciones descontextualizadas.(12)


13.- Valorar y tomar conciencia del poder de influencia que podemos ejercer con una participación activa, del día a día, en la historia de su pueblo, ciudad, región y/o Estado. (13)
"

Podría añadirse como criterio 11 redactado así: "Reconocer los elementos que conforman su identidad cultural en actitud de res­peto hacia ésta.

Los criterios 12 y 13 pienso que sobran por las razones ya apuntadas anteriormente.


(1) Página 22. El subrayado es mío.
(2) Página 22. Sin ánimo de polemizar sugiero como modelo de redacción clara la lectura de los Objetivos 9 y 10 que la Comisión Permanente del C.E.C. sugiere añadir.
(3) También es confusa la redacción de esta sugerencia, en caso de ser aceptada cabría formularla así: "Comprender que la actual realidad española (compleja, plural y diversa) es producto de un proceso histórico y que ese proceso y el presente se proyectan en su futuro".
(4)
Más bien la sugerencia va en la línea de esquematización del contenido a fin de que resulte visualmente más claro.
(5)
Más bien la sugerencia va en la línea de esquematización del contenido a fin de que resulte visualmente más claro.
(6)
El texto subrayado es el que se modificaría.
(7)
Canarias.
(8)
Explicitado en el bloque de contenidos número 1.
(9)
Textos recogidos de la Introducción/fundamentación.
(10)
Objetivo número 3.
(11)
Referido al Estado como tal debe ir en mayúscula.
(12)
De aceptarse, y en coherencia con el documento, debería explicarse brevemente este criterio de evaluación.
(13) Se aclara que los criterios 12 y 13 "responden a los objetivos generales creados anteriormente, en una línea más de contenidos actitudinales como de un proceso de enseñanza-aprendizaje más significativo y personalizado".

Azaña y los republicanos

Cuando fracasó el golpe militar con que los republicanos pensaban imponer la república, en diciembre de 1930, Azaña se escondió, y así seguía después de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, hurtándose a cualquier actividad conspirativa.

Fue Maura, seguro de la quiebra moral de la monarquía, quien le buscó y le llevó, casi a rastras, a tomar el poder en el Ministerio de la Gobernación en la Puerta del Sol de Madrid, el día 14. No tuvo, por tanto, parte alguna en los sucesos que trajeron el nuevo régimen. Tampoco era un republicano, y menos un republicano activo, de larga trayectoria. Tras el golpe de Primo de Rivera había roto con la monarquía, pero pocos sabían de esa ruptura, y su actividad de oposición a la dictadura había sido mínima. A lo largo de 1930 había pronunciado algunos discursos que atrajeron una fugaz atención sobre su persona, pero políticamente seguía siendo un desconocido, y sus pocos conocedores le recordaban más bien por sus obras literarias y de crítica en revistas. Era sólo un escritor con pocos lectores, pese al indudable mérito de, por ejemplo, El jardín de los frailes, y a menudo se sentía fracasado.Sin embargo, a partir del 14 de abril del 31, en muy poco tiempo se convertiría en el principal personaje del nuevo régimen, en “la revelación”, o la “encarnación de la república”. La raíz de esta súbita elevación no se encuentra en intrigas ni en conspiraciones, sino en el sorprendido reconocimiento que le tributaron sus correligionarios por su inteligencia y calidad razonadora, unidas a su resolución para llevar a la práctica sus medidas reformadoras. Casi todos vieron y, lo más asombroso, aceptaron un tanto admirados, su notable superioridad política e intelectual, pese a tacharle al mismo tiempo de hombre adusto y algo hiriente. Pero si en un sentido suena asombrosa esa admiración, en otro no tanto: la tradición de los republicanos españoles, en general, apenas si cabe calificarla de pintoresca. Una tradición de muy escasa sustancia intelectual, bravucona, sin apenas noción de la responsabilidad política y con proclividad a la violencia y a las divisiones reyertas entre sus partidos. No sólo políticos de derecha, como Cambó, manifiestan un convencido desprecio hacia ellos, los mismos socialistas los miraban como personas y partidos insolventes desde cualquier ángulo que se les considerase. En este sentido, pudieron estar encantados de hallar entre ellos a un personaje de mucha más talla. Azaña, desde luego, percibía la calidad no muy alta de sus correligionarios, pero no se desanimó, debido a la extraordinaria autoconfianza adquirida en los primeros tiempos del nuevo régimen. Desde el primer momento miró con una mezcla de condescendencia e irritación a sus correligionarios. A los militares republicanos los trata en ocasiones de botarates, y no mejor a los partidos. Así describe un congreso del principal partido republicano, el Radical Socialista, que transcurría en medio de continuas trifulcas y amenazas de unos y otros políticos de destapar corruptelas y de escindirse (y se escindiría, en efecto): “Llevan tres días, mañana, tarde y noche, desgañitándose. Y lo grave del caso es que de allí puede salir una revolución que cambie la política de la república”. Se descubrió que los delegados de Murcia iban con representación de miles de votos inexistentes, pero después de mucho escándalo, se les admitió ante la amenaza de los murcianos de “destapar” otros asuntos de los escandalizados. Y por fin, “después de tan feroces discusiones, se han echado a llorar oyendo el discurso de Domingo; se han abrazado y besado, han gritado… Gente impresionable, ligera, sentimental y de poca chaveta. Están redactando una propuesta que podrán votar todos, y hasta otra”.Calificativos semejantes, si bien con menos intensidad, podían aplicarse quizá a sus partidarios de Izquierda Republicana. Cuando Azaña pasó a la presidencia de la república, tras haber destituido a Alcalá-Zamora, los azañistas se resistían a que abandonase la jefatura del partido, como era obligado, al no percibir otro jefe de su talla. La resistencia fue vencida en una escena vista así por Azaña: “Llorera general… Explosión de entusiasmo, abrazos, promesas, juramentos cívicos… En fin, muy bien. Es posible que ahora lo destrocen todo”. La concepción, por así decir, estratégica de Azaña con vistas a realizar sus proyectos políticos consistía en orientar la energía de “los gruesos batallones populares” –principalmente las grandes organizaciones sindicales– bajo el influjo de la “inteligencia republicana”. Pronto comprendería que esa inteligencia era todo menos abundante, y si su confianza inicial en sí mismo le llevó al principio a mencionarla con una especie de desdén amable, como cuando señala la incapacidad de los diputados para percibir un sarcasmo o una ironía algo finos, pronto acumuló una impaciencia y un fastidio próximos a la desesperación: “Veo muchas torpezas y mucha mezquindad, y ningunos hombres con capacidad y grandeza bastantes para poder confiar en ellos ¿Tendremos que resignarnos a que España caiga en una política tabernaria, incompetente, de amigachos, de codicia y botín, sin ninguna idea alta?” Cuando, en verano de 1933, suspendió las vacaciones de las Cortes a fin de aprobar unas leyes a su juicio muy importantes, suspensión muy mal llevada por los diputados, fulmina contra la “terquedad, suficiencia y palabrería” de los suyos: “No saben qué decir, no saben argumentar. No se ha visto más notable encarnación de la necedad. Lo que están haciendo me ha hecho pensar, por vez primera, desde que hay República, en la del 73. Así debieron de acabar con ella. El espectáculo era estomagante. Diríase que estaban llamando al general ignoto que emulando a Pavía restableciera el orden”. Y son sobradamente conocidos sus comentarios mordaces sobre personajes diversos, como Domingo, Albornoz, Gordón Ordás, Companys, etc. donde reluce su poca estima hacia sus colaboradores, actitud identificada a menudo con la soberbia. Pero cabe la duda de si tales sarcasmos no estarían justificados.En algunos momentos parece a punto de tirar la toalla: “¿Estoy obligado a acomodarme con la zafiedad, con la politiquería, con las ruines intenciones, con las gentes que conciben el presente y el porvenir de España según los dictan el interés personal y la preparación de caciques o la ambición de serlo? Obligado no estoy. Gusto, tampoco lo tengo. Entonces ¿qué hago yo aquí?”.Expresiones semejantes abundan en su primera época de gobierno, de 1931 a 1933. Y sin embargo, una vez perdido el poder intentará recuperarlo, con sorprendente irresponsabilidad, mediante la alianza entre la casi inexistente “inteligencia republicana” y los “batallones populares”, en condiciones mucho peores que en el primer bienio. Sus discursos de 1935, origen del Frente Popular, revelan su conciencia de estar despertando un “torrente popular que se nos viene encima”. Pero, con incomprensible optimismo, asegura que para encauzarlo “nunca nos habrán de faltar hombres”. Pocos meses después, ya en el poder, volverá a su vieja lamentación: “No existe el centenar de personas que se necesita para los puestos de mando”. Peor aún, la talla moral e intelectual “ha bajado tanto que hombres muy modestos se ofenden si se les ofrece un Gobierno civil”. Nadie parecía contentarse con menos de un Ministerio.Los diarios de Azaña alumbran una de las claves, casi siempre desestimada por los historiadores, del fracaso de la república: la escasez de hombres capaces y de miras elevadas, y la abundancia de demagogos ambiciosos e ineptos. No sin despecho llega el político que encarnó aquel régimen a atribuir al conjunto de los españoles una inteligencia escasa, o una aptitud limitada para utilizar el cerebro. Creo que se trata de una extrapolación ilegítima, a partir de su experiencia con sus correligionarios, no muy representativos del conjunto del pueblo.

Las dudas del Prínicipe (Juan Carlos)

La Ley de Sucesión de 1947 y el principio VII de la Ley de Principios del Movimiento Nacional, establecieron como forma del Estado español, “la Monarquía tradicional, católica, social y representativa”.
Para Franco, desde 1947, el sucesor sería el primogénito de don Juan de Borbón y éste debía formarse como heredero en España.
“Así pues -explicó Franco ante las Cortes en julio de 1969-, consciente de mi responsabilidad ante Dios y ante la Historia, y valorando con toda objetividad las condiciones que concurren en la persona del Príncipe Juan Carlos de Borbón y Borbón, que perteneciendo a la dinastía que reinó en España durante varios siglos ha dado claras muestras de lealtad a los principios e instituciones del Régimen, se halla estrechamente vinculado a los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, en los cuales forjó su carácter, y al correr de los últimos veinte años ha sido perfectamente preparado para la alta misión a la que podía ser llamado... estimo llegado el momento de proponer a las Cortes Españolas, como persona llamada en su día a sucederme, a título de Rey, al Príncipe Don Juan Carlos de Borbón y Borbón, quien, tras haber recibido la adecuada formación para su alta misión, y formar parte de los tres Ejércitos, ha dado pruebas fehacientes de su acendrado patriotismo y de su total identificación con los Principios del Movimiento y Leyes Fundamentales del Reino, y en el que concurren las demás condiciones establecidas por el artículo noveno de la Ley de Sucesión”.

Franco presentó un Príncipe que había sido especialmente preparado por él para su tarea; vinculado al Ejército, pero que es más que cualquier militar (por ello obligaría al Príncipe a retirar de su discurso la expresión “como soldado”); un heredero leal tanto a los Principios del Movimiento como a las Leyes Fundamentales, dos elementos constitucionales distintos, siendo los primeros de orden jurídico superior. Franco entendió siempre que el único régimen político posible para España era la Monarquía (virtualizada, expurgada de los errores pasados, alejada de los cortesanos y de los intereses de clase a los que siempre había estado vinculada y asentada sobre un marco social y económico estable que impidiera una nueva caída de la institución, haciéndola así perdurable).

La transmisión de la legitimidad.
La cuestión monárquica y su proceso instituyente fue siempre un ámbito de decisión que Franco se reservó en exclusiva. Dejó que todos opinaran, que todos actuaran a favor o en contra, pero en ningún momento dejó de controlar el proceso.
Y se inclinó por una Monarquía que, a su juicio, debía de conservar importantes poderes, cuando en la mayoría de las monarquías occidentales el monarca o carecía de los mismos o eran muy limitados.
Franco se propuso devolver la Corona a la Jefatura del Estado en un país donde los monárquicos eran una exigua minoría y la coalición política que, en cierto modo, acaudillaba desde la guerra, no era significativamente monárquica.
Hizo de Juan Carlos primero y de sus sucesores, sus sucesores naturales.
No le interesaba tanto que el sucesor se ganara a la aristocracia, a los sectores económicos o a la clase política como al pueblo; impulsó a los Príncipes a llevar a cabo una auténtica campaña de popularización, de contacto con el pueblo, como las que él mismo solía hacer en los años cuarenta o cincuenta, cuyos beneficiarios eran mucho más que la institución la pareja que formaban Juan Carlos y Sofía.
En 1964 Franco realizó, con un gesto, la primera designación popular de don Juan Carlos al presidir a su lado el desfile conmemorativo de la Victoria.
Franco se preocupó, además, de que su sucesor contara si no con sus poderes y su carisma, algo imposible de transmitir, si con la transmisión de su legitimidad personal. A la muerte de Franco no se produjo la sustitución de un poder de hecho por otro distinto, sino que se producirá una continuidad natural en el poder, atendiendo a la norma constitucional vigente. Fue para los españoles una transmisión normal. Esa transmisión de su legitimidad personal fue muy importante para poder llevar a cabo la transición en dos sectores básicos: en una parte importantísima de la clase política del régimen y en el Ejército.

En su testamento político dejo escrito: “por el amor que siento por nuestra Patria, os pido que perseveréis en la unidad y en la paz y rodéis al futuro Rey de España, Don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado, y le prestéis, en todo momento, el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido”. Palabras suyas, escritas de puño y letra.
En sus confidencias a José Luis de Villalonga, Juan Carlos afirma: “en los días que siguieron a la muerte de Franco, el ejército hubiera podido hacer lo que le diera la gana. Pero obedeció al Rey. Y seamos claros, le obedeció porque yo había sido nombrado por Franco y en el ejército las órdenes de Franco, incluso después de muerto, no se discutían”.
Franco transmitir a su sucesor un poder especial, superior al contenido en la Constitución del Régimen; poder que es el que le permite proceder a su demolición.
Joaquín Bardavío, escribe: “muerto Franco, al franquismo se le invitó a suicidarse y lo hizo con patriotismo y obediencia al heredero de todos los poderes”, al heredero de Franco.

Las circunstancias geopolíticas.
Transformar el régimen de Franco en un sistema democrático al modo occidental no obedeció sólo a razones de ideológicas o internas. En ella intervinieron las circunstancias geopolíticas del momento.
Terminada la II Guerra Mundial, los aliados decidieron acabar con el régimen condenándolo al ostracismo al descartar una posible intervención militar.
No era un sistema democrático pero tampoco lo eran infinidad de países miembros de las Naciones Unidas, el Régimen de Franco tampoco era un Régimen impuesto a los españoles por las potencias derrotadas y menos constituía una amenaza para la paz mundial.
Franco, que ya había denunciado el entreguismo occidental al avance y la previsión de la Guerra Fría, reaccionó afirmando su régimen político. España era, según declaró a la Associated Press, un “país de constitución abierta” que seguiría el camino trazado de perfeccionamiento institucional sin abrir “periodos constituyentes de interinidad”.
A partir de 1947, EE.UU. consideró oportuno de “modificar su política hacia España”, constatando además que en España no existía una oposición cohesionada capaz de hacerse con el poder. La situación previsible de una retirada de Franco podía conducir al caos.
Lo único conseguido con el aislamiento había sido “reforzar el régimen de Franco, impedir la reconstrucción económica de España y operar contra el mantenimiento de una atmósfera pacífica en España en caso de conflicto internacional”.
Lo deseable: la evolución del régimen de Franco de una forma ordenada hacia un régimen democrático, pero para ello será necesario ir convenciendo a “los elementos derechistas que apoyan al régimen, al ejército y a la Iglesia”.

Los Estados Unidos hicieron llegar a Madrid su idea de que a Franco debería sucederle, conservando siempre el orden y la estabilidad en la evolución, un sistema basado en la alternancia de dos fuerzas moderadas: una de centro derecha y otra de centro izquierda.
Independientemente de los deseos exteriores, Franco continuó fiel a su idea de poner en marcha un Nuevo Estado (cerrado en 1967 con la promulgación de la Ley Orgánica del Estado); La institucionalización final estuvo más para el sucesor que para el propio Franco.

Años sesenta: la desideologización del régimen
Cuando entro en vigor la Ley Orgánica, una parte importante de la clase política del régimen había dejado de creer en el mismo y orientaba su acción política hacia la futura homologación del sistema con occidente; había un consenso casi unánime de que tal homologación política solamente alcanzaría entidad real una vez proclamado el sucesor y con la progresiva desaparición de Franco de la escena política.
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El proyecto del sucesor.
El príncipe Juan Carlos pronto fue consciente de que más tarde o más temprano tendría que enfrentarse políticamente a su padre y a la Corte de Estéril; pronto asumió que, para ser rey, debería ganarse la voluntad de Franco, aceptando su proyecto instaurador. Don Juan Carlos se ganó esa voluntad.
Franco cuidó hasta los límites más insospechados de su sucesor. Preparó sus estudios, vigiló su formación, hablaba con unos y con otros, hacía pequeñas indicaciones, bloqueaba cualquier información que él consideraba que podía dañar su imagen.
Se reunía con el Príncipe, al que hablaba de su experiencia, dándole lecciones de comportamiento y de conducta: un rey no debía tener, su existencia fue una de las causas de la caída de la Monarquía; el rey no debía tener amigos públicos; la Monarquía debía enterrar a la Corte y ganarse al pueblo.
Pemán dejó constancia de que Franco veía en el Príncipe a un hijo, y que Juan Carlos asumía esta relación como la del abuelo con el nieto. Doña Sofía también estima que Franco vio a su esposo “como el hijo que no había tenido”.
El médico privado de Franco, doctor Vicente Pozuelo, dejó escrito que consideraba a los Príncipes como parte de su propia familia.

La Ley y los Principios: controversias sobre la idea de la Ley a la Ley.
La Ley de Sucesión de 1947, en su artículo noveno, fijaba la obligatoriedad de que el sucesor jurara lealtad a las dos realidades jurídicas que formaban el entramado constitucional del régimen:
*.- Las Leyes Fundamentales del Reino.
*.- Los “Principios que informan el Movimiento Nacional”. (Pero esos principios no estaban precisados, salvo que se entendiera como tales, a través del Decreto de Unificación, los puntos programáticos de Falange).
Una de las batallas políticas de José Luis de Arrese fue la de fijar esos Principios que aseguraran la permanencia de la ideología que animaba al régimen, sin mención a la Monarquía y se aseguraba la pervivencia del Movimiento.
El equipo de López Rodó, una vez frenados los proyectos de Arrese, preparó una nueva redacción, obra, en gran medida, de Fernández de la Mora, que sería la promulgada en 1958.

Los Principios Fundamentales eran los inspiradores de las leyes, de la acción política y del ejercicio de la misma en el Régimen (un corpus ideológico no negociable, no sujeto al debate político en el que se subsumían los principios del Tradicionalismo, del Derecho Público Cristiano y los conceptos joseantonianos. Estos principios no podían ser vulnerados ni modificados por el sistema constitucional que informaban; quizás sólo pudieran ser ampliados o matizados a través de un sistema de enmiendas siguiendo el modelo americano).
En el ordenamiento constitucional español, ante los Principios, las Leyes Fundamentales quedaban en un rango inferior. El juramento de fidelidad exigido al Jefe del Estado le convertía en el encargado de mantenerlas, observarlas y defenderlas. Como el propio Franco precisaría, no se trataba de un juramente único sino de un juramento doble y diferenciado.

Eliminada del ordenamiento la fórmula de reaseguro preconizada por Arrese al exigir que “la redacción de las leyes deba evitar que queden (los Principios y el Movimiento) a merced de los caprichos y de las veleidades posibles de los hombres teniendo como objetivo lograr la continuidad política fijando las facultades y funciones, dentro de un sistema de garantías políticas, que aseguren la adecuación de la gestión de gobierno a esos principios inmutables”.
El problema político de la redacción final era que todas las garantías consistían en la lealtad a un juramento. Para Francisco Franco, era imposible que un Rey no cumpliera lo que jurara, porque teniendo presente lo expuesto es evidente que prestar el mismo con cualquier tipo de reserva mental constituiría un engaño o una traición.
En la Ley de Principios, los tres artículos que acompañaban a la Declaración de Principios eran muy claros en su intención: los Principios inspiran las leyes; son de obligado cumplimiento para todos los cargos públicos; cualquier ley o disposición que los vulneren o simplemente eviten su cumplimiento en lo más mínimo serían nulas.

La Ley Orgánica del Estado cerró el entramado constitucional del régimen de Franco, en su artículo tercero, volvía a situar, por encima de la misma, a los Principios Fundamentales, que son “por su propia naturaleza, permanentes e inalterables”.
Algo que se reiteraría en la refundición en un solo documento de las Leyes Fundamentales del Reino, publicado unos meses después.
En su exposición indicaba que la refundición mantenía la “permanencia e ineltarabilidad de los principios que las inspiran”, volviéndolos a situar en un plano distinto y superior a las leyes. La insistencia en la importancia de la correcta observación de los Principios resulta en la Ley Orgánica reiterativa.
El artículo sexto de la Ley obliga al Jefe del Estado a la “más exacta observancia de los principios del Movimiento y demás Leyes Fundamentales del Reino, así como de la continuidad del Estado y del Movimiento Nacional”.
Leyendo la ley, difícilmente, desde su óptica, si se aceptaba el juramento de las leyes, se podía promover una acción contra lo que precisamente se había encomendado.

La Ley Orgánica, también limitaba los poderes del Jefe del Estado, cuyas decisiones necesitaban el refrendo del presidente del gobierno, del ministro correspondiente o del presidente del Consejo del Reino según los casos.
Además, al Consejo Nacional se le encomendaba la misión de “defender la integridad de los Principios del Movimiento Nacional”, correspondiéndole velar porque las leyes se ajusten a los mismos y puedan ejercer, en caso contrario, el recurso de contrafuero.

La Transición (la reforma-ruptura realizada por don Juan Carlos, a través de Adolfo Suárez y Torcuato Fernández Miranda) fue “un pequeño golpe de estado legal”, el artículo 59 de la Ley era determinante y no abierto a interpretación al afirmar en su apartado primero: “es contrafuero todo acto legislativo o disposición del gobierno que vulnere los Principios del Movimiento Nacional o las demás Leyes Fundamentales del Reino”.
Además, en la refundición de las leyes se recordaba de forma taxativa que “serán nulas las leyes y disposiciones de cualquier clase que vulneren o menoscaben los Principios proclamados en la presente Ley Fundamental del Reino”.

De con las leyes del Régimen, la Ley de la Reforma Política era en derecho nula y el axioma de ir de la “Ley a la Ley” una justificación, porque la reforma lo que en realidad implicaba era una ruptura realizada desde el poder. Fue en realidad, si nos ceñimos a lo dispuesto en las leyes, un golpe de estado legislativo. Josep Meliá, un hombre de la Reforma, escribió: “con arreglo a derecho, Blas Piñar y todos los ultras tienen razón. Porque el proyecto de Ley de Reforma Política incurre en contrafuero”.

La redacción definitiva de las leyes logró un complejo sistema de relaciones orgánicas entre los poderes e instituciones del Estado, que incluía un fuerte sistema de seguridades que, en teoría, hacía imposible que las leyes vulnerasen la filosofía del Régimen.
Tenía, en este sentido, razón Franco cuando afirmaba que “todo estaba atado y bien atado”: ni el Presidente del Gobierno, ni el de las Cortes, ni el Consejo del Reino, ni las propias Cortes o el Jefe del Estado podían pasar por encima de los Principios, a no ser, claro está, que todos estuvieran de acuerdo en vulnerar las leyes, pero esto era algo impensable para Franco.
Lograr la aceptación de esas instituciones, de un modo u otro, al impulso del Jefe del Estado, se basó la primera fase de la Transición que condujo a la Ley de Reforma Política.

Las leyes obligaban a todos, desde el Jefe del Estado hasta el último de los procuradores y consejeros nacionales, a la defensa activa de los principios y a evitar su vulneración.
Ahora bien, el sistema legal de seguros estaba pensado en función de posibles actos gubernativos. Frente a éstos estaba la capacidad del Consejo Nacional para operar como Tribunal Constitucional. Lo que no estaba previsto es que el Consejo Nacional no ejerciera esa misión a través de los vericuetos legales, porque la hipótesis que Franco nunca barajó fue que el Jefe del Estado, la pieza clave, se convirtiera en el elemento activo que impulsara la conculcación de los Principios.
Para ello, Juan Carlos se benefició de los poderes de Franco. Poderes que aunque legalmente no heredaba, si quedaban en su acervo personal por la inercia propia de la situación. Esta legitimidad le abrió las puertas de las instituciones del régimen para su demolición. Para ello fue necesario controlar las instituciones mediante hombres vinculados a sus propósitos de cambio.

El compromiso de 1969.
Lo que se produce en julio de 1969, de acuerdo con la legislación vigente, es una instauración convertida en reinstauración por el hecho de que el sucesor es heredero directo de la rama reinante hasta 1931.
No es una restauración porque no se vuelve a la legitimidad de 1876, sino que se llega al trono a partir de la realidad engendrada por el 18 de julio. Es lo que el Príncipe afirma en su discurso: “quiero expresar, en primer lugar, que recibo de Su Excelencia el Jefe del Estado, Generalísimo Franco, la legitimidad política surgida del 18 de julio de 1936 en medio de tantos sacrificios, de tantos sufrimientos tristes, pero necesarios, para que nuestra Patria encauzase su nuevo destino”.
Después recordará que “pertenece por línea directa a la Casa Real Española”, ¿reivindicando que su legitimidad venía de más allá del Régimen?.

El al final reitera, “estoy seguro de que mi pulso no temblará para hacer cuanto fuera preciso en defensa de los principios y leyes que acabo de jurar”.

Hay testimonios que indican que el ya Príncipe de España no tenía intención de preservar esos Principios Fundamentales, sino hacer evolucionar el sistema hacia formas democráticas (lo difícil el cómo y en qué forma se podría realizar semejante operación política y si tendría que conservar alguna de las aportaciones del Régimen).
Conocía la posibilidad de cambiar el régimen desde la legalidad, evitando la oposición de las instituciones. Según testimonia doña Sofía, a Juan Carlos le preocupaba la fórmula del juramento: “no quería ser perjuro. Ni que alguien pudiera llamarle perjuro”.El propio rey ha dicho: “son muy pocos los que hablan de lo mal que lo pasé yo antes de prestar un juramento de fidelidad a unos Principios que yo sabía que no podía respetar”.

El 18 de julio de 1969 tuvo lugar la célebre conversación entre don Juan Carlos y Fernández Miranda, en la que, de algún modo, se selló el mecanismo de la Transición. El profesor tranquilizó su conciencia con el siguiente razonamiento: “al jurar las Leyes Fundamentales, las juráis en su totalidad; por lo tanto, también juráis el artículo 20 de la Ley de Sucesión, que dice que las leyes pueden ser derogadas y reformadas. Luego aceptáis desde ellas mismas esa posibilidad de reforma”.
Para Fernández Miranda, los Principios no era una realidad distinta a las Leyes Fundamentales sino parte de las mismas y por tanto modificables.
La reforma era posible si se hacía de acuerdo con lo establecido por las leyes y ese camino evitaría el continuo empezar de nuevo de la anterior historia de España desde las Cortes de Cádiz. Lo que en realidad había encontrado era un vericueto legal, una trampa jurídica que él sabía contraria tanto a la inspiración como a la intención de las leyes y a la propia filosofía política del régimen.
Torcuato no ignoraba que los Principios estaban situados en un rango superior. El argumento, en definitiva, era válido tan solo en la medida en que se quisiera compartir; porque, como ya hemos apuntado, éstos no eran, como sostiene el profesor del Príncipe, síntesis de las leyes sino inspiradores de las mismas. No eran resumen de su filosofía sino la filosofía que las impregnaba.
Torcuato tuvo, además, buen cuidado de no hacer referencia al artículo tercero de la Ley de Principios que declaraba nula cualquier ley que entrara en colisión con los mismos. Y el recurso de contrafuero era práctica parlamentaria habitual en la época.

Don Juan Carlos, años después comentaría, “aquello que me decía Torcuato de que toda ley lleva en sí misma el principio de su reforma y que nada es eterno y que todo se puede cambiar por la vía de la legalidad sonaba muy bonito, pero una cosa es hablar de ello y otra hacerlo”.


El piloto del cambio.
En “Todo un Rey” se dice: “cuando Franco le nombró Príncipe de España, Juan Carlos programó cada minuto de su vida para preparar la Transición en el momento oportuno. Sin perder nunca el respeto personal a Franco”.

Nicolás de Cotoner, marqués de Mondéjar, en el prólogo a la obra de los familiares de Fernández Miranda, significativamente titulada “Lo que el rey me ha pedido”, dice “que nuestro Rey ha sido el motor del cambio, el empresario de la obra y el piloto que manejó con pulso firme la nave del Estado en su travesía hacia la orilla democrática”. Pero tras el juramento y la decisión de cambiar el régimen no existía certeza sobre el cómo hacerlo.
Lo que sí se puede afirmar es que en 1969 don Juan Carlos debió moverse en la órbita de los sectores aperturistas del régimen.

Entre 1969 y 1975 el Príncipe fue adquiriendo el compromiso de no ser el continuador de la obra política de Franco, sin que esto significase que renegar o poner en tela de juicio la legitimidad que le había hecho rey.

En el período que va desde 1969 a 1975 dos tiempos en la acción del motor del cambio:
*.- En el primero, el Príncipe juega con la hipótesis de ser rey en vida de Franco. En ese marco, los cambios por fuerza deberían ser muy lentos y dentro de los límites de lo que se venía denominando el reformismo del régimen, en el que militaba una joven generación de burócratas del Movimiento.
*.- El segundo tiempo vendrá determinado por la asunción del hecho de que no sería rey en vida de Franco. Ante el después de Franco se dedicaría a dar a conocer cuál era su proyecto tanto a la oposición como a los ambientes internacionales.

El Gobierno formado en octubre de 1969, el gobierno del Príncipe, hechura de Laureano López Rodó, estaba destinado a presidir la proclamación de Juan Carlos como rey. En el mismo figuraba, como Ministro Secretario General del Movimiento, un hombre de la confianza del Príncipe, Torcuato Fernández Miranda.
Un gobierno que se movía dentro de la órbita reformista y aperturista del momento que en cierto modo trataba de ir sentando las bases para un cambio. Torcuato se proponía consumar, bajo la aparente ortodoxia de las palabras, la desfalangistización del Movimiento para convertirlo en una estructura de apoyo a la Monarquía.
Las denuncias contra este gobierno por parte de los sectores más militantes del régimen, acusado de querer desmantelar el régimen y socavar el prestigio de Franco arreciaron y finalmente tanto Franco como Carrero se hicieron eco de las mismas. Mientras, el Príncipe continuaba dando muestras de lealtad a Franco y a los Principios Fundamentales en los primeros discursos públicos que pronuncia. Es el hombre que mide las palabras para no despertar recelos.
Apoya el proceso de desmantelamiento del Movimiento que muchos pretenden incluso desde el Gobierno o sus aledaños, conclusión lógica de parte de la política de los sesenta; como otros, cree que la estrategia acertada es que el Movimiento se vaya diluyendo; se muestra partidario de que se produzca la separación de la Jefatura del Estado y la Presidencia del Gobierno; quiere las asociaciones políticas porque ellas abrirán las puertas a los partidos.
Su opción parece ser la evolución lenta, quizás conservando algunos elementos del régimen. Probablemente está en la órbita de lo que desde hace años ha planteado la política exterior americana como salida al régimen de Franco: un sistema con dos grandes fuerzas que no cuestionen el orden.
Cuando esté próxima la muerte de Franco se planteará impulsar la formación de esas fuerzas.
El presidente Nixon, al conocer sus propósitos durante su visita a los EEUU en 1971, le recomendó tranquilidad en un camino donde lo importante era conservar el orden y la estabilidad.
Pero también en esos años hizo llegar a los centros de opinión internacionales su intención de hacer cambiar el sistema. En 1970, el prestigioso articulista, Richard Eder publicó un importante artículo bajo el título de “Juan Carlos quiere una España democrática”.
Conforme avancen los años setenta y la decadencia de Franco se haga más evidente mayor será la actividad del piloto del cambio.
En 1971 visitó los EEUU, en 1972 la República Federal Alemana. Después, a través de colaboradores, buscó convencer a la oposición de sus deseos de cambio. A través de José Mario Armero llegó hasta Felipe González. También enlazará con Luis Yañez y Luis Solana. En el maletero de Puig de la Bellacasa llegan a la Zarzuela hombres como Jordi Pujol o Leopoldo Torres.

En 1972, Herrero de Miñón publicó en Cuadernos para el Diálogo su trabajo “El Principio Monárquico”, en el niega la inmutabilidad de los Principios e indica que la clave está en la utilización del artículo 10 de la Ley de Sucesión, confiando a la Corona, gracias a su poder soberano, la misión de poner en marcha el cambio.
En 1974, Rafael Arias Salgado, había defendido que el cambio debería ser obra de un gobierno liberalizador.
Jorge Esteban publica la obra “Desarrollo Político y Constitución Española” y Fernández Miranda “Estado y Constitución”, defendiendo su idea de que “el único camino para erradicar las leyes que no nos gustan es trabajar para conseguir cambiarlas desde los mecanismos de reforma en ellas establecidos.

En 1973, Franco decidió separar la Presidencia del Gobierno de la Jefatura del Estado nombrando presidente a un hombre leal, Luis Carrero Blanco. El gobierno está también pensado de cara al momento de la sucesión real pero es muy distinto al de 1969. Carrero supone la continuidad del régimen y un escollo para un cambio absoluto, pero lo corta un atentado terrorista de ETA.
El propio don Juan Carlos ha precisado que de vivir el Almirante, un hombre que en silencio había trabajado por la restauración de la Monarquía y por don Juan Carlos, no hubiera podido desmantelar el régimen tan rápidamente, aunque creía que Carrero, finalmente, no se le hubiera opuesto presentándole su dimisión.
Don Juan Carlos ya trabajaba abiertamente para el cambio político, quedaba diseñar el camino legal.
Franco murió el 20 de noviembre de 1975. Probablemente era consciente de que su régimen no le sobreviviría. En su última conversación con el hombre al que, en definitiva, le había hecho rey, ya en la Ciudad Sanitaria de La Paz, sólo pidió al Príncipe una cosa: que preservara la unidad de España: “la última vez que le ví ya no se encontraba en estado de hablar. La última frase coherente que salió de su boca, cuando ya se hallaba prácticamente en la agonía, es la que he mencionado ya, referida a la unidad de España. Más que sus palabras, lo que me sorprendió sobre todo fue la fuerza con que sus manos apretaron las mías para decirme que lo único que me pedía era que preservara la unidad de España. La fuerza de sus manos y la intensidad de su mirada. Era muy impresionante. La unidad de España era su obsesión. Franco era un militar para quien había cosas con las que no se podía bromear. La unidad de España era una de ellas”.
Esa España que, como afirma el propio Rey, es la que le permitió llevar a cabo la Transición: “todo lo que hice cuando me vi con las manos libres pude hacerlo porque antes habíamos tenido cuarenta años de paz. Una paz, estoy de acuerdo, que no era del gusto de todo el mundo, pero que de todos modos, fue una paz que me transmitió unas estructuras en las que me pude apoyar”.